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A través de REDETI, rarámuris de distintas comunidades señalan el despojo de sus territorios en la Sierra Tarahumara por particulares, caciques, figuras políticas, empresas locales y trasnacionales
El delito de usurpación de funciones públicas amerita prisión de hasta seis años, mientras que la falsificación de documentos públicos se sanciona con prisión de cuatro a ocho años