Bélgica puso fin este jueves al proceso de extradición del líder independentista catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros de su gobierno cesado a petición de la justicia española, a una semana de las elecciones regionales catalanas.

El juez de la Cámara del Consejo de Bruselas declaró "no procedente" el mandato de extradición contra los cinco políticos acusados de rebelión, después que la justicia española pidiera el 5 de diciembre su retirada, indicó el abogado defensor, Paul Bekaert.

"Cuando la euroorden se retira, el procedimiento se vuelve no procedente. Es lógico", añadió tras la vista celebrada el jueves, Bekaert, uno de los casi 20 abogados de los equipos de la defensa de Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret.

Los cinco se encuentran en Bélgica desde finales de octubre, después que el parlamento catalán declarara unilateralmente la independencia de la región y el gobierno español respondiera asumiendo el control de la autonomía y convocando a elecciones regionales.

Puigdemont indicó el 6 de diciembre que la intención de los cinco políticos independentistas, quienes se presentan en dos listas diferentes a los comicios del 21 de diciembre, es continuar "por el momento" en Bélgica, pero dejó la puerta abierta al regreso.

"Después de las elecciones, los que salgamos elegidos diputados (...), seremos diputados y tomaremos posesión de nuestra acta", aseguró Puigdemont, quien expresó que la "intención de volver" la tienen desde que se marcharon de España.

Sin embargo, en España, están siendo investigados por rebelión, sedición, desobediencia, malversación y prevaricación, lo que, como a sus compañeros de gobierno, podría llevarlos a ser detenidos y pasar a prisión preventiva si regresan a su país.

Evitar distorsiones

Tras tomar el caso, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, decidió en un giro inesperado de la situación retirar la euroorden emitida por su predecesora, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

El juez justificó la decisión en la intención de los políticos de volver al país para ser diputados si son electos, pero también quiso evitar que la justicia belga restringiera los delitos imputables a los cinco y generar una "distorsión" con los líderes independentistas investigados en España, cuatro de ellos en prisión preventiva.

Si el juez belga hubiera entendido por ejemplo que los hechos no constituían un delito de rebelión en Bélgica, punible con hasta 30 años de prisión en España, y sólo de malversación, Puigdemont habría sido extraditado para ser procesado por este único delito.

La fiscalía belga ya había descartado en las vistas celebradas los cargos de prevaricación y de corrupción, este último marcado por Lamela en la euroorden, y había considerado que el resto podía tener equivalentes en el derecho belga, por lo que pidió una ejecución parcial de la extradición.

Uno de los abogados de la defensa, Christophe Marchand, había indicado que "los hechos tal y como son descritos [en la euroorden] no son punibles según el derecho belga".

Elecciones reñidas 

Desde Bélgica, los cinco políticos catalanes se mantienen activos, especialmente en las redes sociales, durante la campaña electoral, sobre todo Puigdemontquien encabeza la lista de 'Junts per Catalunya' que aúna a independientes con miembros de su partido PDeCAT (derecha).

Los sondeos dan sin embargo vencedores, aunque lejos de la mayoría absoluta, a sus ex aliados de gobierno, los independentistas de ERC (izquierda) liderados por el exvicepresidente Oriol Junqueras, quien se encuentra en prisión preventiva en Madrid.

Las fuerzas independentistas, que contaban con la mayoría absoluta en la pasada legislatura, aparecen igualadas en las encuestas con los partidos favorables a la unidad de España, con la llave de la gobernabilidad en manos de 'Catalunya en Comú', una fuerza no independentista pero partidaria de un referéndum de autodeterminación pactado con Madrid.

El porvenir de los independentistas en caso de victoria pasaría también por los juzgados, después que el Tribunal Supremo decidiera el lunes ampliar a toda la élite independentista catalana sus investigaciones.

Así, esta investigación podría afectar a medio plazo a la número 2 de ERC, Marta Rovira, quien en caso de ganar su formación tendría opciones de convertirse en presidenta de Cataluña y dirigir una coalición separatista, si Junqueras sigue en prisión.