Los guatemaltecos vivieron ayer uno de sus momentos políticos más tensos del presente siglo, con sus elecciones del pasado 25 de junio en disputa y un aroma a golpe de estado que crecía minuto a minuto en el ambiente.
El inusitado allanamiento del Tribunal Supremo Electoral, por parte del Ministerio Público (MP, Fiscalía), abría el camino aún más a la incertidumbre, con el riesgo de dilapidar por completo el Estado de Derecho, en opinión de varios expertos.
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El descontento aumentaba entre los guatemaltecos por la intervención de la justicia contra uno de los dos candidatos de la segunda vuelta presidencial, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, que mantienen en suspenso la segunda vuelta de los comicios, el 20 de agosto.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad allanó la sede del Registro de Ciudadanos para investigar la supuesta adhesión ilegal de 5 mil ciudadanos al Movimiento Semilla, que abandera a Arévalo, mediante la falsificación de documentos.
La investigación, que incluye “diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia” en el registro electoral, fue en respuesta a la denuncia de un ciudadano que dijo haber sido adherido ilegalmente a Semilla. Al menos 12 personas fallecidas habrían sido inscritas en el grupo político, según la Fiscalía.
El allanamiento contó con fiscales tapándose el rostro con pasamontañas y muchos de los documentos decomisados no fueron inventariados según testigos, además de que extrañamente se permitió la permanencia de medios de comunicación durante varias horas.
La alarma creció también por la incorporación de vallas de policías y militares en los edificios de entidades estatales como el Ministerio Público o el Palacio Nacional de la Cultura, sede del gobierno.
Un juzgado inhabilitó el miércoles el partido de Arévalo, lo que le en la práctica impedía al candidato que dispute la segunda vuelta ante la exprimera dama Sandra Torres, también socialdemócrata. Pero poco después ambos fueron oficializados para la segunda vuelta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), generando más incertidumbre.
La decisión judicial desató manifestaciones en Guatemala y críticas de Estados Unidos, a las que se sumaron ayer advertencias de la cúpula empresarial guatemalteca y de la Unión Europea (UE).
Sin embargo, la máxima instancia judicial del país suspendió ayer la orden judicial que inhabilitaba a Semilla.
Una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a Arévalo, la cual revirtió la medida adoptada el miércoles por el juez Fredy Orellana que ponía en jaque la participación del candidato.
Sandra Torres se solidarizó con su contrincante y exigió al presidente del país, Alejandro Giammattei, dar la cara por la situación que atraviesan los comicios en la nación centroamericana.
“Que dé la cara (Giammattei), que salga a hablar, que emita opinión”, dijo quien fuera primera dama durante el Gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012).
Arévalo atrajo un gran apoyo en la primera ronda de votaciones y pasó sorpresivamente a la segunda vuelta contra Torres el 20 de agosto. Ha amenazado con enfrentarse a la clase política, a la que acusa de corrupta.
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Un grupo de donantes internacionales de Guatemala conocido como el G13, que incluye a Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, dijo estar profundamente preocupado por las acciones que amenazan la autoridad del TSE. Chile y Noruega hicieron eco.
México respaldó ayer la ratificación de los resultados de la primera ronda.
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