Tokio.- Greenpeace y otras ONG denunciaron hoy que el Gobiernonipón está "forzando" a los evacuados de Fukushima a retornar a sus hogares enzonas próximas a la central accidentada y declaradas seguras, pesea los elevados niveles de radiactividad.
Una plataforma de organizaciones no gubernamentales acusó hoyal Ejecutivo de "tratar de normalizar la situación en Fukushima" y de "vulnerar los derechoshumanos" de los evacuados, cinco días antes del sexto aniversariodel peor accidente nuclear desde el acaecido en Chernóbil(Ucrania) en 1986.
Estas son las conclusiones de un informe realizado porGreenpeace Japón, Human Rights Now y otras ONG niponas, y basadoen mediciones de la radiactividad en áreas cercanas a la planta deFukushima Daiichi.
El documento, presentado en rueda de prensa, señala que laradiación en gran parte de la localidad Iitate -declaradahabitable a partir del próximo abril- supera ampliamente el umbralseguro para la salud humana.
Las ONG detectaron allí niveles de hasta 2,61 milisievertsanuales, más del doble del techo de 1 milisievert recomendado porla Comisión Internacional de Protección Radiológica (CPR), y queacumulado supone "un serio riesgo a largo plazo para quienesretornen a sus hogares".
Los niveles son aún mayores en zonas forestales de Iitate, quesuponen el 75 por ciento del municipio, donde la radiactividad "escomparable a la zona de exclusión de Chernóbil", en la que elacceso sigue prohibido más de 30 años después del accidente.
Estas dosis de radiación representan "un peligro mucho máselevado" para mujeres y niños, grupos demográficos "mucho másvulnerables a los efectos de la radiación acumulada" que loshombres adultos.
"No hay retorno posible a la normalidad en Iitate", afirmó laexperta de Greenpeace Kendra Ulrich, quien añadió que a laindustria atómica "no le interesa que exista una amplia zona deexclusión, puesto que simboliza la irreversibilidad de unaccidente nuclear".
Asimismo, a finales de mes concluirá el programa de ayudasestatales para los evacuados de Fukushima consistente en alojamientostemporales gratuitos o viviendas de alquiler subvencionadas.
El Estado costeaba estos gastos tanto para los originarios demunicipios dentro de la zona de exclusión -un área que se hareducido de forma paulatina gracias a las tareas dedescontaminación- como para quienes abandonaron sus hogares "deforma voluntaria".
Unas 12.000 personas se quedarán sin estas ayudas en abril, loque en la práctica significa "una coacción económica y unavulneración deliberada de sus derechos básicos", segúnUlrich.
El Gobierno, no obstante, seguirá pagando durante un año estossubsidios a quienes residían en aquellas localidades quepermanecen dentro de la "zona de exclusión".
"Es un crimen hacer volver a la gente a zonas que no sonseguras. Estamos siendo abandonados por el Gobierno", afirmó porsu parte Noriko Matsumoto, representante de un centro de ayuda aevacuados y colaboradora del informe.
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