Para la Secretaría de la Función Pública el caso del socavón en el Paso Exprés de la carretera México-Cuernavaca está cerrado, afirmó su titular, Arely Gómez González, al señalar que la dependencia sancionó administrativamente a ocho funcionarios.
Entrevistada en el Senado de la República, a donde acudió a la instalación de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, la funcionaria federal detalló que la dependencia a su cargo hizo un trabajo integral y exhaustivo.
Aunque reconoció que todavía no ha recibido la notificación formal de la Recomendación 34 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer este miércoles sobre el tema, dejó claro que “para la Función Pública, al día de hoy, el caso está cerrado”.
Explicó que desde el primer día se inició una investigación amplia, exhaustiva con todos los Órganos Internos de Control que estaban involucrados, como el de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La secretaria refirió que de ello se derivaron 22 cédulas de observaciones con todo el procedimiento que marca la norma y se sancionó administrativamente a ocho funcionarios, uno de la Comisión Nacional del Agua y ocho de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Entre estos ocho destaca el director del Centro SCT en Morelos “que es un nivel muy alto”, después de que la Secretaría de la Función Pública actuó de manera integral, exhaustiva y de acuerdo a la norma.
Recordó que la dependencia federal actúa en lo administrativo y derivado de su trabajo se han aplicado inhabilitaciones hasta por 10 años a los funcionarios. Si bien el caso está cerrado desde su punto de vista, las autoridades judiciales siguen su propia investigación.
Aseguró que en el caso del socavón, al igual que en el de Odebrecht, se han realizado todas las acciones que marca la norma y por lo tanto, ninguno de los dos casos ha quedado impune.
Gómez González mencionó que incluso fue la primera vez que se le retiró su registro a un testigo social por haber dado un dictamen equivocado.