El pleno del Senado aprobó por unanimidad la reforma constitucional a los artículos cuatro y 27 en materia de Bienestar, con 117 votos, con la cual se garantizan derechos esenciales a los grupos más vulnerables de México, incluidos adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos, productores y pescadores.
La reforma en materia de Bienestar parte del paquete de reformas constitucionales presentado el 5 de febrero por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y, principalmente, reduce la edad para recibir la pensión de adultos mayores de 68 a 65 años, reafirmando el compromiso del Estado con los derechos sociales y el acceso equitativo a recursos fundamentales para el bienestar de la población.
Su implementación también busca blindar los programas sociales dándoles continuidad y recursos suficientes, protegiendo así el acceso a una vida digna y combatiendo la desigualdad social.
¿A quién beneficia la reforma?
La reforma en materia del Bienestar fortalece programas para grupos vulnerables: incluye una pensión no contributiva para personas con discapacidad menores de 65 años y servicios de rehabilitación priorizados para menores de 18 años. Además, reduce la edad de la pensión no contributiva para adultos mayores a 65 años y establece recursos anuales suficientes para evitar recortes en términos reales. Los campesinos, productores y pescadores recibirán un jornal seguro, apoyo para fertilizantes gratuitos y precios de garantía para productos como el maíz y el frijol.
Acusaciones y debate en torno al uso político de los programas
Aunque hubo consenso, la sesión se tornó tensa por las acusaciones entre oficialismo y oposición sobre el uso político de los programas sociales.
Legisladores de Morena presentaron un audio de Vicente Fox criticando estos programas, mientras que la oposición acusó a senadores de Morena, como Juan Carlos Loera y Alejandro Esquer, de emplear estos recursos con fines electorales.
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Durante el debate, la oposición mencionó el caso de corrupción del sexenio anterior en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), entidad creada para garantizar el acceso a alimentos básicos.
Actualmente, varios de los funcionarios de Segalmex están siendo investigados y procesados por desvío de recursos, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia y gestión de los fondos en los programas sociales.
Para muchos legisladores, este caso resalta la necesidad de supervisión en el uso de recursos destinados al Bienestar.
Oficialismo y Oposición: posturas y llamado a la transparencia
El senador de Morena, Enrique Inzunza calificó la reforma como un “paso gigantesco” para consolidar un Estado que garantice derechos sociales. Su colega, Óscar Cantón, celebró el consenso unánime, mientras que Andrea Chávez, presidenta de la Comisión de Bienestar, destacó la importancia de este avance en políticas sociales.
El PAN, PRI y Movimiento Ciudadano respaldaron la reforma, pero subrayaron la necesidad de transparencia. La senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo exigió recursos sin corrupción, y Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, señaló que el éxito de la reforma dependerá de su implementación efectiva para combatir la pobreza.
La senadora Anabell Ávalos, del PRI, enfatizó la relevancia de la política social y criticó la eliminación de programas como el Seguro Popular y Guarderías Infantiles, pidiendo que los programas no se conviertan en herramientas de clientelismo, sino que beneficien de manera justa a la población.
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Tras aprobar el dictamen de reforma a los artículos 4º y 27 de la Constitución en lo general y en lo particular, el senador presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña destacó que el hecho es un acto “histórico e inédito” y ordenó que fuese remitido a las Legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su ratificación.
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