El Senado de la República dio la última estocada a siete instituciones autónomas que desaparecerán y cuyas funciones serán absorbidas por Secretarías de Estado. Órganos como el Inai, la Cofece y el Coneval tendrán que alistar su extinción en los próximos meses luego de que la Cámara alta aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma constitucional de simplificación orgánica.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) son los órganos autónomos que vieron guillotinado su futuro ante un verdugo de colores guinda, rojo y verde que sumó 86 votos sobre 42 en contra.
Así, las bancadas de Morena, PT y Verde en el Senado dieron el último paso, de la reforma que propuso Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado, para que el Gobierno asuma nuevamente responsabilidades -como la transparencia, la evaluación de políticas públicas, el arbitraje en temas energéticos, la protección de datos personales- que en las últimas décadas habían sido delegadas a instituciones independientes del Estado.
El debate prolongado para aprobar la reforma se desarrolló con una característica división del parlamento en dos bloques: el mayoritario oficialista conformado por Morena y sus partidos aliados; y una minoría de senadores y senadoras priistas, panistas y emecistas, cuyos votos han sido insuficientes, desde septiembre, para frenar una serie de transformaciones constitucionales impulsadas por la 4T.
Desde la oposición hubo acusaciones de que Morena pretende concentrar el poder en un “hiperpresidencialismo”, eliminar instituciones de transparencia para controlar la información pública, evitar la evaluación de sus programas sociales y burlar la competencia de las empresas del Estado; todo esto en un último intento, en vano, para evitar la desaparición de siete órganos constitucionalmente autónomos.
Sin embargo, la mayoría guinda contratacaba con otras acusaciones pero hacia los organismos autónomos que decidieron eliminar este jueves. Las tacharon de ser instituciones llenas de despilfarro, opacidad, duplicidad de funciones y de representar intereses diferentes a los del pueblo de México.
De acuerdo con la reforma aprobada, las tareas de la Cofece serán absorbidas por la Secretaría de Economía; las del IFT, por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; las del Coneval, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); las del Inai, por la Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control y contralorías; las de la CNH y CRE, por la Secretaría de Energía; y las de MEJOREDU, por la Secretaría de Educación Pública.
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Aunque uno de los motivos de la reforma es la “duplicidad de funciones” entre órganos autónomos y Secretarías de Estado; cuando la reforma se discutió en Cámara de Diputados, Morena buscó remendar la eliminación de la Cofece y el IFT al fusionar las labores de ambas instituciones en una dependencia descentralizada para evitar controversias por las obligaciones de México en el cumplimiento del T-MEC.
Con la desaparición de dichas instituciones se prevé un ahorro, en promedio, de apenas cuatro mil 600 millones de pesos, que a su vez será destinado al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Desde febrero, cuando López Obrador puso en jaque la existencia de los órganos autónomos con su iniciativa, instituciones como el Inai se pronunciaron en repetidas ocasiones para advertir la importancia de su trabajo.
En anteriores entrevistas con El Sol de México los comisionados del Inai, Adrián Alcalá y Julieta del Río compartieron preocupaciones como qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia y sus más de 15 mil millones de archivos públicos; y quién garantizará el acceso a la información de todas las instituciones que no forman parte de la Administración Pública Federal.
Según el artículo quinto transitorio de la reforma los “recursos materiales, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de los entes públicos que se extinguen conforme al presente artículo transitorio pasarán a formar parte de las dependencias del Ejecutivo Federal”, lo cual podría incluir a la Plataforma de Transparencia.
Una vez que la reforma se aprobó en San Lázaro la semana pasada, el Coneval también salió a advertir que su desaparición pondría en duda la veracidad de las cifras que evalúan las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha dado continuidad a los argumentos de su antecesor, lo que se va con la desaparición del Inai es la corrupción y no derechos como la transparencia.
Cuando el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de Cámara, dio por concluido el debate, las bancadas de Morena celebraron desde sus escaños, mientras la minoría de legisladores de oposición se refugiaron en redes sociales con mensajes de desaliento.
Siete horas antes, la discusión de la reforma comenzó en una sesión vespertina programada este jueves a las 13:15 horas de la tarde. En la cita matutina previa, el Senado ratificó a Raquel Buenrostro como titular de la Secretaría de la Función Pública -próxima Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno- dependencia que asumirá las funciones del Inai.
Al principio de la sesión, la coordinadora blanquiazul, Guadalupe Murguía, a nombre de su bancada presentó una moción con la intención de suspender la discusión de la iniciativa para eliminar los órganos autónomos. Cuando tomó la tribuna acusó un trabajo legislativo “al vapor” e hizo comentarios en defensa de las instituciones en cuestión, principalmente el Inai.
El intento de frenar el debate quedó únicamente en un discurso en contra la reforma que propuso el expresidente, puesto que la moción se rechazó con una mayoría que duplicó los votos que querían suspender la discusión; 72 en contra por 35 a favor.
Fue en los votos particulares cuando senadores como Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC; y Edith Anaya, del PRI; aprovecharon para exponer con detalle sus posturas en contra de la reforma.
Colosio Riojas expuso que MC no está dispuesto a “convalidar un ejercicio de destrucción institucional”. Denunció que los argumentos morenistas para aprobar la reforma resultan engañosos y aunque las malas prácticas deben ser sancionadas, puesto que no es lo mismo corregir que demoler.
“Desmantelar estas instituciones por los errores de unos cuantos no solamente no soluciona el problema, es un acto de irresponsabilidad y estamos poniendo en riesgo lo que hemos construido durante tantos años como sociedad”, advirtió el senador neoleonés.
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Anaya Mota, por su parte, rebatió los tres argumentos con los que López Obrador justificó su iniciativa. Comentó que tras seis años de la 4T ningún funcionario de los órganos autónomos está en la cárcel por temas de corrupción, como se les acusa. Añadió que el gasto “oneroso” de dichas instituciones es de únicamente de 0.05 por ciento de todo el gasto federal; y remató que tampoco hay duplicidad de funciones porque las Secretarías que asumirán tareas nuevas tendrán que crear nuevas áreas de trabajo.
En contraste, cuando morenistas como Martha Lucía Mícher y Verónica Camino tomaban la tribuna presentaban láminas con la intención de justificar supuestos gastos onerosos de los órganos autónomos.
De la veintena de reservas que planteaban modificaciones a prácticamente todos los artículos del dictamen, ninguna se aprobó. Con ello, la reforma fue turnada a las Legislaturas estatales en donde debe ser aprobada por al menos 16 Congresos para poder ser declarada como constitucional y posteriormente poder ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
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