La Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió una serie de lineamientos que tienen como objetivo defender sus resoluciones ante las diferentes Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en particular en materia de faltas cometidas entre la administración pública federal y estatal contra particulares y faltas graves cometidas por servidores públicos.
De acuerdo con estos nuevos lineamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 13 de enero, la intención de estos cambios es normar el procedimiento de los más de 200 Órganos Internos de Control (ÓIC) de las dependencias y entidades del país y de las dos Unidades de Responsabilidades (UR) de las empresas productivas del Estado.
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De manera específica se busca agilizar el procedimiento para interponer recursos de revisión presentados ante el Tribunal Federal, así como para favorecer la tramitación y delimitación de estos recursos que se encuentran establecidos tanto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo como la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Mientras que la primera señala 15 días hábiles como plazo para interponer estos recursos de revisión contra sentencias de nulidad, la segunda contempla un plazo de 10 días hábiles para impugnar procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves contra personas servidoras públicas.
Además, informó que estos cambios contemplan la elaboración de informes para la retroalimentación de estos recursos de revisión, mismos que deberán realizar los ÓIC y las UR, quienes “deberán informar al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos el estado de los recursos de revisión interpuestos”, señaló la dependencia que encabeza Roberto Salcedo Aquino.
Con estos cambios, ambas instancias tendrán a su cargo la estrategia de “defensa contenida en el proyecto”, lo que los hace responsables de la “oportuna presentación del recurso de revisión” ante la Salas del Tribunal Federal, así como del seguimiento de los casos ante los tribunales competentes.
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Al respecto diversos expertos en la materia han referido como un problema grave que los asuntos de la SFP sean rechazados al llegar a los tribunales del país debido a malas prácticas al momento de presentar y defender los asuntos, lo que entorpece el combate de los delitos referentes a la corrupción que realizan funcionarios públicos del país.
