A horas de que el “Plan B” electoral entre en vigor, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, agradeció a Edmundo Jacobo Molina por el servicio que brindó como Secretario Ejecutivo del organismo autónomo.
Jacobo Molina, quien desde hace 14 años ejerce como funcionario en el INE, es uno de los más de cinco mil despidos que resultarán con la eventual entrada en vigor de las reformas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que costarán más de tres mil 500 millones de pesos de acuerdo con lo dicho por el mismo organismo.
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Ante su salida, el consejero presidente le dedicó un mensaje en redes sociales en el que resaltó la trayectoria de poco más de 14 años como funcionario del entonces Instituto Federal Electoral y posteriormente en el INE.
“Quiero agradecer a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, funcionario público ejemplar. Durante 14 años de dedicación y vocación democrática ha contribuido a construir el México de libertad y derechos que hoy tenemos”, escribió Lorenzo Córdova.
El consejero saliente del INE culpó a la “reforma antidemocrática” por el despido del Secretario Ejecutivo del organismo, pero manifestó que espera su retorno “cuando el orden constitucional y democrático sea restaurado”.
“Gracias porque la democracia, la sociedad mexicana y el INE te deben mucho”, concluyó.
En el organigrama del INE, el Secretario Ejecutivo se encarga, entre otras cosas, de cumplir los acuerdos del Consejo Electoral, de orientar y coordinar las acciones de las juntas locales y distritales del Instituto; y apoya en la realización de los estudios en el organismo.
Además, es el representante legal del INE, función en la que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para frenar la aplicación de la reforma electoral del presidente López Obrador.
Dicho recurso, se conoció hoy, fue aceptado a trámite por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien en las próximas semanas resolverá si atenta contra la constitución la entrada en vigor de las primeras reformas aprobadas en diciembre pasado por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
La controversia presentada por el INE reclama que esas modificaciones a leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas invaden las facultades y transgrede su autonomía.
“El Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, sostuvo el acuerdo de admisión del ministro Alberto Pérez Dayán.
Con ello, a partir de la publicación y notificación de la controversia, el ministro fijó un plazo de 30 días para que las autoridades a las que se les responsabiliza de la entrada en vigor del “Plan B” emitan su contestación sobre esta controversia.
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Se espera, por otra parte, que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del resto de las reformas, el INE promueva nuevas controversias constitucionales con el propósito de evitar los cambios a su estructura.
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