Los diputados federales aprobaron cambios legales que eliminan el outsourcing y, con cambios de última hora, otorgaron más tiempo al sector público para transitar a la nueva reforma laboral.
Los legisladores establecieron que la entrada en vigor de todos estos cambios, principalmente a la Ley Federal del Trabajo, serán obligatorios para las empresas, en agosto, y los gobiernos federal y estatales, "en el ejercicio fiscal de 2022".
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En el dictamen, incluyeron un apartado en el que aseguran que no se otorgarán más recursos a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para implementar la reforma laboral.
Para realizar los cambios legislativos, los diputados se tomaron un receso de cuatro horas para incorporar los nuevos tiempos de implementación. Posteriormente, hicieron una segunda pausa para recibir el dictamen que se discutió ante el pleno de diputados.
Ahora, el Senado de la República analizará la reforma, a fin de dar celeridad a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor el 1 de mayo próximo, durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
Cómo informó El Sol de México, los ajustes se realizaron porque el gobierno federal y los estatales tienen que aprobar sus presupuestos año con año y tiempos definidos por la ley.
En entrevista con este diario, el diputado de Morena, Ignacio Mier, señaló que los cambios se realizaron para no afectar, principalmente, a los gobiernos estatales.
"Esa fue la preocupación, que no se deje una situación que se complique. En todos los estados tienen hecha ya toda su programación y hacer ahorita un ajuste, cuando ya fue aprobado el presupuesto de ingresos y demás, no es sencillo", aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.
"La otra opción era sacar el apartado B (servidores públicos), pero también sería injusto, no puede pasar que haya distingo entre unos y otros (iniciativa privada y pública)", aseguró.
Verónica Juárez, coordinadora del PRD en San Lázaro, aseguró que en agosto, la iniciativa privada, y en enero, la administración pública federal "deberán hacer todo lo necesario y ya se implementen las medidas que ahora se están aprobando. Tendrán estos meses para que los empleadores puedan hacer las adecuaciones correspondientes".
Por separado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que la reforma atenta contra la seguridad y certidumbre jurídica, al prohibir una actividad económica lícita. No resuelve el problema del outsourcing agresivo.
Indicó que "es la misma (legislación), nada más que revolcada", pues sigue permitiendo la contratación de servicios y obras especializadas, sin detallar cuáles son estas actividades.
"Amplía las actividades a una figura extraña, intermediario y agencia de empleo, quizá nada más le estemos dando vuelta", afirmó.
Criticó que el periodo de transición es extremadamente corto, debido a que no considera todas las altas, bajas y la falta de facilidades en medio de la pandemia.
Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), señaló a El Sol de México que aunque se den tres meses para implementar estos cambios a las empresas, no se toma en cuenta que a partir de mayo el sector que se dedica a ofrecer servicios especializados ya no podrá facturar bajo este régimen, por lo que consideró que también se diera el mismo plazo para transitar a las nuevas disposiciones.
Dijo que esto puede ser fácil para una empresa grande pero que afectará gravemente a la mayoría de las pymes.
Mónica Flores, presidenta de Manpower Group Latinoamérica, señaló que "para las empresas es complicado montar todo un aparato para administrar mil, cientos o decenas de empleados porque hay que dar de alta al IMSS, tener un sistema de nómina distinto, dar soporte administrativo, hay que hacer muchas cosas que elevan los gastos de administración, particularmente para una empresa mediana o grande”.
