Los abogados del exgobernador de Chihuahua César D, informaron que la Secretaría de la Función Pública del Estado declaró improcedente una denuncia en su contra por un supuesto desvío de 20 millones de pesos del erario público.
A través de un comunicado comentaron que fue la semana pasada, cuando personal de la Función Pública a través de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, notificó un acuerdo por medio del cual resuelve improcedente una denuncia.
Así lo informó el representante legal del exmandatario, Juan Carlos Mendoza Luján, quien indicó el procedimiento que había sido radicado el 13 de diciembre de 2019 quedó sin efecto y se consideró como un asunto concluido y archivado.
Mendoza Luján, señaló que dicho procedimiento administrativo disciplinario, derivó de una denuncia, por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno de Chihuahua.
Añadió que la denuncia refería el supuesto menoscabo de 20 millones de pesos al erario público mismo que podía sancionarse con hasta tres veces el monto requerido, lo cual representaría una multa de hasta 60 millones de pesos según la normatividad aplicada por la Función Pública.
“El hecho que no procedió en base a los argumentos, fundamentos y documentos presentados por esta defensa a favor del exgobernador. Este procedimiento concluido a favor de nuestro defendido es el segundo emitido por la Secretaría de la Función pública en el mismo sentido y con el mismo resultado en menos de un mes”, informó el abogado.
Por otra parte, dijo que el despacho jurídico a su cargo tiene sólidas expectativas en la sentencia resultante del juicio de amparo ante la Justicia Federal, mismo que será resuelto en las próximas tres semanas.
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“Nuestra defensa está haciendo valer la multiplicidad de actos reclamados contra distintas autoridades, principalmente estatales, entre ellas el propio gobernador Javier Corral Jurado, así como diversos funcionarios de primer nivel por las violaciones flagrantes, reiteradas, continuas e incesantes al Debido Proceso, entre ellas, la Garantía de Defensa, la Seguridad Jurídica, la Presunción de Inocencia, la Privación al derecho de Propiedad; la Persecución Política por medio del Garantía de No Discriminación; así como la omisión dolosa por parte de un Juez de Control del Distrito Morelos de la declaración de nulidad de actos procesales por violaciones a los Derechos Humanos los cuales están perfectamente acreditados en dicha demanda”, concluyó.
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