Los terrenos donde se asienta la colonia La Fortuna pudieran ser la punta del iceberg de un despojo de más de 800 hectáreas que reclama la familia Benítez Valles. Actualmente un Juez ampara a dicha familia para vender los predios aledaños al citado asentamiento. Sin embargo, están ocupados por posesionarios quienes se dicen legítimos propietarios.

La vialidad Elisa Griensen, la que conecta a la ciudad con la carretera Corta a Chihuahua, dio plusvalía a muchos predios que se encuentran en los alrededores.

Estos terrenos se sostienen con escrituras que datan de 1847 y que son parte de más de dos mil hectáreas que pertenecieron a la familia Almanzan.

A lo largo de la historia se han dado sólo tres afectaciones a esa propiedad: la primera, es cuando se hizo la constitución del ejido Santa Rosa, que le restó 1,008 hectáreas; después la Minera México recibió trece hectáreas para el depósito de jales –hasta donde se encuentran en la actualidad- y finalmente un tercero que es donde está asentada la colonia San José y que en su momento adquiriera la familia Concha.

Sin embargo, el tema ha venido a resurgir a raíz de que se construyeron más de 180 viviendas de interés social, en las que el Gobierno Estatal y Federal invirtió al tiempo que el Gobierno Municipal participó en el proyecto ofreciendo el terreno.

Mauricio Armando Benítez Valles, quien junto con otros cuatro hermanos, aseguran ser los dueños de la propiedad que un día fue de la familia Almanzan, afirma que tiempo atrás cuando el Municipio pretendía comprar esos terrenos, ellos le advirtieron al titular de Desarrollo Urbano, Samuel Portillo Mares, que no adquirieran los predios dado que eran irregulares.

El funcionario municipal les aseguró que no haría ningún movimiento si ellos le demostraban que era ilegal la compra; situación que se hizo, pero igual siguió con la adquisición y desestimó los documentos asegurando que eran falsos.

Desde entonces la pugna se ha mantenido. El Municipio pretendió desestimar sus documentos mediante una denuncia por uso de documentos falsos, la cual ya fue desechada en la Fiscalía toda vez que se demostró la resolución de un Juez.

Asimismo, afirmó que la Administración municipal muestra documentos de propiedad, pero estos carecen de validez dado que los primeros en tiempo son los de ellos y así lo reconoció un Juez Civil.

De igual forma, recuerda que hace unos meses intentaron tomar posesión de las tierras que les corresponden –alrededor de 847-, empezando por las que están en las inmediaciones de la colonia La Fortuna; sin embargo, un despliegue de la Policía Municipal, encabezado por Samuel Portillo, se los impidió.

La Presidencia Municipal y el titular de Desarrollo Urbano saben del caso; conocen la resolución del Juez que les reconoció como los legítimos dueños y además saben de la sentencia que les acordó un Juez para vender esas tierras, están facultados para ellos.

Algunas otras personas que han asumido propietarios en el lugar, como Mario Valdez Córdoba, los han denunciado por despojo, lo que Mauricio Benítez consideró como falso dado que es él –Mario- quien está en posesión de la tierra y ellos los que reclaman que se les entregue. ¿Quién es el del despojo?

Incluso esta incongruencia jurídica la reafirma después en un amparo que promovió y el cual le fue concedido en carácter provisional, determinando el Juzgado que se dejen las cosas en el estado en que se encuentran y como están actualmente es con la posesión ilegal que ellos tienen.

Finalmente, el Juez habrá de ratificar nuevamente que los únicos propietarios de los predios en cuestión, son los herederos de la familia Alamanzan, a quienes su padre –de Mauricio- Abraham Benítez, les compro la herencia en 1996 y posteriormente al morir su padre ellos la heredaron.

La sucesión testamentaria había impedido tomar la propiedad de los terrenos; sin embargo, ahora que hay un dictamen de un Juez, nada debe impedir asumirse como los legítimos propietarios.

Asimismo, el entrevistado precisó que no buscan afectar a quienes se vayan a ver beneficiados con los predios de La Fortuna, así se lo han expresado a los representantes del Gobierno Estatal que han atendido el caso, como es Judith Gazca, o bien, el mismo Daniel Olivas, titular del Registro Público de la Propiedad en el estado.