El conflicto entre los gobiernos federal, estatal y agricultores por la extracción de agua de las presas La Boquilla y Las Vírgenes, que inició el pasado 5 de febrero por abrir las compuertas para cumplir con la entrega agua a Estados Unidos, de acuerdo al Tratado Internacional de Aguas de 1944, “terminó en un problema político”, aseguró Augusto Peniche Espejel, titular de la Fiscalía General del Estado.
Con esto, la coordinación estratégica de operativos de seguridad, la acción táctica de vigilancia y la cooperación en la información de inteligencia, para seguridad del estado, quedó fragmentada, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, retiró el martes a su representante de la mesa de seguridad, de donde también desertaron la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Esto nos preocupa mucho”, dijo en exclusiva Augusto Peniche Espejel, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), “porque nosotros lo vimos indudablemente como respuesta a los conflictos que se han generado con motivo de la extracción excesiva que se ha hecho del agua de las presas Las Vírgenes y La Boquilla”.
El abogado del Estado precisó que “por definición al momento que las autoridades federales ya no está sentados a la mesa de coordinación, la pregunta es: que si tampoco van a estar en las mesas especializadas, en las mesas de intercambio de información, en las mesas de operativos, etcétera, indudablemente se corta la comunicación con ellos”.
Peniche Espejel, aseguró que este diferendo con la Federación, contraviene el compromiso de seguridad que se contrajo desde el principio de la administración y es que jamás los temas políticos iban a afectar los temas de seguridad.
“Este tema de seguridad es un tema que debe verse de manera apolítica, no debe nunca estar involucrado así y lamentablemente ahora esa coordinación que debe de existir en el Estado para combatir el delito en sus diferentes expresiones, pues aparentemente se ve afectado por esta primera decisión”, expresó el Fiscal.
El funcionario explicó que junto con la Federación se revisaba el indicador del comportamiento diario, semanal y mensual del delito, para identificar las zonas que merecen atención prioritaria.
“Aquellos lugares en donde los indicadores nos muestran que hay un incremento de delitos y de qué tipo, nos motiva en esas reuniones tener con la Federación los acuerdos para distribuir y organizar zonas de vigilancia, organizar operativos y compartir información de inteligencia”, señaló.
Añadió que la Fiscalía del Estado tiene una obligación frente a la ciudadanía que no se puede soslayar bajo ningún motivo y menos por motivos políticos el dejar de brindar seguridad a la población.
“Nosotros como Fiscalía General del Estado, seguiremos buscando la interlocución con la Secretaría de Coordinación de Protección Ciudadana, con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano, entonces más allá de la decisión de no sentarse a la mesa de coordinación de seguridad nosotros vamos a seguir buscando la interlocución”, indicó el funcionario.
En cuanto a la participación de la Fiscalía General de la República, Peniche Espejel puntualizó que su similar federal, “va a seguir en estas mesas de seguridad, porque hay que tomar en consideración que esa Fiscalía es un ente autónomo, entonces nosotros suponemos que va a seguir en las mesas de coordinación de seguridad estatal”.