Chihuahua, Chih.- Javier Corral, gobernador de Chihuahua informó que responderán ante cualquier autoridad, ello luego de que la familia LeBarón interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República por los delitos de abuso de autoridad, terrorismo y desplazamiento forzado.
El mandatario estatal junto con su homóloga en Sonora, fueron demandados por los mormones Adrián LeBarón, Shalom Tucker y Julián LeBarón por los delitos antes mencionados, que propiciaron la masacre del 4 de noviembre de 2019.
Javier Corral respondió que son infundios y una acción politiquera, que busca distraer abusos y excesos que los LeBarón han cometido contra familias de la región noroeste del estado.
Señaló que el rencor de los mormones hacia su persona responde a que hace más de tres años personalmente acudió a revisar el caso de Armando Villa, un productor y líder de la comunidad de Galeana, quien fue despojado por Julián LeBarón de su huerta nogalera.
Javier Corral dijo que personalmente revisó el caso y de ahí se desprende la campaña de difamación, “Nosotros también vamos a actuar legalmente”, sentenció Corral.
El gobernador dijo que estarán dispuestos ante cualquier autoridad para responder a las calumnias que han proferido algunos de los integrantes de la familia LeBarón.
Incluso refirió que es perverso por un helicóptero, que no se sabe de qué estado es y en qué fecha, como si fuera de gobierno sobrevolando la zona de la tragedia, “Es alguien que tiene la mente torcida y que puede fabricar hechos para generar politiquería. De esa calaña es ese LeBarón”.
Por su parte, Adrián LeBarón dio a conocer que presentaron la denuncia penal ante la FGR en contra del gobernador Javier Corral, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, así como funcionarios federales y estatales de Chihuahua y Sonora por el caso de la masacre en Bavíspe.
La denuncia también incluye a Luis Fernando Mesta Soulé, Secretario general de gobierno, César Peniche Espejel, fiscal general del Estado, Teófilo Gutiérrez, excoordinador estatal de la Policía Federal, Óscar Aparicio Avendaño, excomisionado estatal de Seguridad, Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana y a Fidel Villegas, exdirector de Seguridad Pública de Janos. Todos por los presuntos delitos de abuso de autoridad, encubrimiento, terrorismo y desplazamiento forzado, además de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
