La Fiscal Autónoma Anticorrupción, Gema Chávez Duran, presentó un posicionamiento en respuesta a los señalamientos vertidos por la alcaldesa de Chihuahua Maru Campos sobre la supuesta utilización de la justicia para persecución política.
Es de recordar que este martes, la presidenta de la Capital del Estado, denunció la supuesta utilización de los ministerios públicos de la Fiscalía Anticorrupción, para fabricar delitos en su contra, con la intención de frenar sus aspiraciones políticas.
Ante ello, la Fiscal Chávez Duran, indicó que de lo único que en lo que ella tiene una intervención, es en cuanto a la actuación de un agente de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Eduardo Esparza, ya que es la forma de intervenir del agente, lo que la alcaldesa cuestionó y señaló públicamente.
En cuanto a los audios que viralizó la alcaldesa Maru Campos, señaló que, si bien se cuestiona sobre los gastos de la misma, fueron cuestionados por ser gastos posiblemente no justificados; sin embargo, en ninguna parte se advierte, como lo asevera la alcaldesa, que esa entrevista pruebe a pesar de sus ediciones y cortes, que la Fiscalía Anticorrupción esté operando una persecución personal y política en su contra.
“Del material que ayer exhibió la alcaldesa, se desprende que en algún momento Pablo Cannan fuera cuestionado sobre las compras, tarjetas, viajes, doctores, navidades o peinados de la señora alcaldesa tal como lo afirmó en su conferencia el día de ayer.” Dijo.
Destacó que, toda la entrevista que se hizo el dia de ayer a Cannan, ex colaborador de la alcaldesa, se ajustó perfectamente al marco del Código Nacional de procedimientos penales; no obstante, señaló que lo que es de llamar la atención – dijo- es como el contenido de esa entrevista, en los términos que fue realizada, tanto Pablo Cannan como la alcaldesa, concluyeron que se trataba de una investigación por hechos cometidos por ella – refiriéndose a Maru Campos- además de calificarlo como prueba refutable de una persecución en su contra.
En cuanto a los cuestionamientos de cómo fue que se dio con el paradero de Pablo Cannan, explicó que la búsqueda se realizó tanto en la ciudad de México como en Chihuahua, tal como lo autorizó la ley, de la misma manera que se implementan los actos de localización en contra de cualquier otra persona en el sistema, por lo que no se vulnera disposición alguna, ni se cometió falta de ninguna naturaleza, por agotar todos los medios y recursos para realizar tales actos de investigación, a pesar de las molestias que puedan ocasionar a las personas obligadas a colaborar con la autoridad Ministerial.
“Acusa la alcaldesa que el actuar del ministerio público en la Ciudad de México, se da violando como ella lo declara el ambito jurisdiccional del Ministerio Público de Chihuahua, realizando diligencias en otras entidades, sin conocimiento de las autoridades locales, lo cual, incluso calificó como ilegal” señaló.
Al respecto, Chávez Duran, aclaró que tanto el agente del Ministerio Público como los policías que lo acompañaron en aquella ciudad, actuaron de acuerdo a lo estipulado en el artículo 21 Constitucional y el 127 del Código Nacional de Procedimientos penales.
Además, destacó que se solicitó colaboración a la autoridad ministerial de México, a través de oficio, la cual fue acordada favorablemente, e incluso, se instruyó a las autoridades de aquel lugar, para que apoyaran a los elementos comisionados por FGE de Chihuahua.
“Esta clase de actuaciones, se da bajo el amparo de la cláusula decima del Convenio de Colaboración celebrado por la Procuraduría General de la República (PGR) la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) y de las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas” indicó.
Por otro lado, mencionó que la alcaldesa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de una orden de aprehensión o el arresto, sin embargo, hasta el día de hoy, la Fiscalía Anticorrupción no ha sido notificada por parte de la autoridad Judicial Federal al respecto, según lo dio a conocer Gema Chávez.
“Es preciso dejar claro que hemos sido respetuosos del principio de presunción de inocencia, ni de manera pública ni en actuaciones ministeriales, hemos atribuido calidad de probable responsable a la alcaldesa. Al día de hoy, esta Fiscalía, no ha realizado ningún acto de molestia en su perjuicio, ni si quiera, en el ámbito estrictamente ministerial y mucho menos, le eh señalado en medios de comunicación. Si de las investigaciones que se siguen se llega a desprender al concluir las mismas la responsabilidad de persona alguna, solicitaremos la orden de aprehensión con cita correspondiente y de no ser así, se determinara el acuerdo del no ejercicio de acción penal como la ley lo establece”.