RESERVAN.- La convocatoria estatal para realizar la mesa de consulta sobre la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas no podía salir bien sin la asistencia de representantes de los medios locales de comunicación, lo que por supuesto provocó un reclamo generalizado de la prensa.
DERECHO.- Por la mañana, en el Salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno se llevó a cabo la reunión encabezada por Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para las personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el secretario de Gobierno César Jáuregui, quien ofreció unas breves palabras y se retiró.
ADMISIÓN.- Cuestionado por los reporteros que se encontraban afuera del recinto gubernamental en la cobertura de la manifestación de los estudiantes de Medicina, el funcionario federal sólo dijo que se giraron más de 180 invitaciones a derechohumanistas y periodistas en un evento que estuvo a cargo de la Secretaría de Gobernación federal y el gobierno del estado.
PRÓXIMA.- No detalló por qué canales se convocó, ya que no se utilizó por ejemplo el chat de WhatsApp de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal, en el cual están inscritos poco más de 200 periodistas. Tampoco se recibieron invitaciones por correo electrónico y sólo trató de calmar los ánimos al anunciar que habría otra reunión el 23 de agosto.
OSC.- De hecho, hubo quejas también de Organizaciones de la Sociedad Civil a las cuales no se notificó y ante ello un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se comprometió a hacer extensiva la invitación, incluso en un horario más apropiado, que no fuera durante la jornada laboral.
INTERESES.- Según Irazoque Palazuelos, las consultas pretenden robustecer la base jurídica acorde con cada entidad para que los mecanismos de protección tengan un enfoque diferenciado y correspondiente con las necesidades locales. Por ello se habrían implementado mesas de consulta para evitar que la iniciativa responda a intereses gubernamentales y se actualicen protocolos que desde 2012 sólo se han debilitado. Nada más alejado de la realidad.
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DEPURACIÓN.- A propósito del repunte de violencia y tragedias como la ocurrida en Cerocahui, del municipio de Urique, la comunidad LeBarón retomó el tema de las policías municipales infiltradas por miembros del crimen organizado, señalamiento que ya habían expuesto a la actual administración y tanto el fiscal general Roberto Fierro como el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, se habían comprometido a revisar.
LEBARÓN.- A decir de los integrantes de LeBarón, de no tomar cartas en el asunto, en Nuevo Casas Grandes podría ocurrir lo que en Urique con el líder delictivo de esa región, José Noriel, alias “el Chueco”, y la impunidad con que operaba.
LEBARÓN II.- Según expusieron, se trata de “el Chicharroncito”, quien dirige a la Policía Municipal en esa zona del estado, mismo que cuenta con diversas denuncias en su contra, es investigado por posibles nexos con una célula criminal y ya lo habían despedido del municipio de Galeana. De ahí que figuras como Adrián y Julián LeBarón insisten en evitar otro episodio que sólo deje lamentos y repartición de culpas.
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CAPITAL.- Además de la guerra interna entre grupos delictivos como consecuencia del incremento de homicidios en la capital del estado, destaca en los informes de la Fiscalía General del Estado que otro factor ha sido el menor combate al narcomenudeo, el cual ha sido relegado por las fuerzas federales.
DROGAS.- No obstante, es el delito que precede a los relacionados con ejecuciones, privaciones de la libertad y desapariciones, aparte de que la distribución de drogas alienta la descomposición social. Sin embargo, los operativos de la Fiscalía General de la República dejaron de realizarse desde hace cuatro años, mientras la Estatal ha priorizado los decomisos.
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DUDA.- Por un momento, ayer se consideró que el llamado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para emitir un anuncio sería la salida de Alejandro Moreno; todo lo contrario. Se informó de nombramientos a ocho exgobernadores –ninguno de Chihuahua— para blindar al instituto político.
BLINDAJE.- Ante los señalamientos de presunta corrupción que investiga la Fiscalía del Estado de Campeche y la propia gobernadora de esa entidad, Layda Sansores, en contra de “Alito”, él optó por renovar al CEN tricolor, incluso designando de nuevo a la chihuahuense Graciela Ortiz como secretaria de Organización, la posición más importante después de la Secretaría General.
GOBERS.- Nombramientos que se suscitan luego de que una docena de exmandatarios –entre ellos, Fernando Baeza, Patricio Martínez y José Reyes Baeza— publicaran un desplegado nacional para exigir la salida del dirigente, después de que en las elecciones pasadas se perdieron Hidalgo y Oaxaca, además de que en total los priistas se han despedido de 11 entidades desde 2019 que Moreno Cárdenas asumió las riendas del partido. Más aún, el próximo año se disputan el Estado de México y Coahuila.
