-- Exalcalde del Oro dejó una bomba financiera -- A vuelta y vuelta, beneficiarios del Bienestar

CRISIS.- La Fiscalía Anticorrupción ejecutó una orden de captura contra el presidente municipal saliente de San Francisco del Oro, Arturo Huerta Luévano, acusado de provocar una grave crisis financiera en el municipio durante su gestión, según la Auditoría Superior del Estado que detectó un préstamo de 5.7 millones de pesos a una financiera con una tasa de interés elevado, lo que generó una deuda que al final ascendería a casi 14 millones de pesos. Este endeudamiento, estaba previsto para ser cubierto con los recursos del Ayuntamiento a más de cinco años.

DESTINO.- De acuerdo con la investigación realizada por la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, el préstamo solicitado por el alcalde de San Francisco del Oro tenía como objetivo cubrir los salarios de los más de 500 trabajadores del Ayuntamiento. Ante la incapacidad de mantener la nómina municipal, el presidente municipal tuvo un acercamiento con una financiera para poder cubrir la costosa nómina.

DESTINO I.- San Francisco del Oro, es un pequeño municipio con apenas 5 mil habitantes, destina el 90% de su presupuesto anual al pago de gastos corrientes y servicios personales. Con una nómina que supera los 500 empleados entre funcionarios y personal de confianza, lo que ocasionó que la administración enfrentará una situación crítica en cuanto a su capacidad de gestión financiera

GASTO.- El Atlas Financiero Municipal, elaborado por la Auditoría Superior del Estado, revela que de los 67 millones de pesos anuales asignados al municipio, casi el 100% se destina a gastos operativos, mientras que solo el 3.3% se invierte en proyectos de infraestructura pública. Esta desproporción sitúa a San Francisco del Oro como uno de los municipios con el mayor gasto corriente en relación con su tamaño y capacidad de recaudación, lo que pone en evidencia una administración ineficiente de los recursos.

TASA.- Bajo la gestión de Arturo Huerta Luévano, la situación financiera del municipio se ha deteriorado aún más. La Auditoría Superior del Estado ya había advertido sobre los riesgos financieros en 2022, cuando el municipio adquirió el préstamo de 5.7 millones de pesos con una tasa de interés del 60%. Este endeudamiento, además de la alta carga laboral, ha generado dificultades para mantener servicios básicos como la recolección de basura, el pago de energía y los sueldos del personal durante este año.

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PAGO.- En los últimos meses, varios beneficiarios del programa de Bienestar han enfrentado una serie de complicaciones con el acceso a sus pagos, pues dicen que desde el mes de febrero muchos no han podido recibir su pensión y no les brindan información al respecto.

RETIRO.- Los últimos pagos para muchos de los beneficiarios fue en febrero de 2024, incluyendo un adelanto debido a la veda electoral. No fue sino hasta julio cuando se ha intentado nuevamente hacer uso de la tarjeta de Bienestar, paro hasta el momento no han logrado recibir el pago correspondiente

ESPERA.- En julio, algunos han acudido a las oficinas de Bienestar, donde fue enviada a la sucursal de Juan Escutia para tramitar una nueva tarjeta. Sin embargo, al intentar cobrar en el Banco del Bienestar, le informaron que, aunque las cuenta estaban habilitadas, no había dinero disponible y que tendrían que esperar 30 días para que la tarjeta se activará completamente.

FONDOS.- Tras varias visitas a distintas sucursales del Banco Bienestar, la respuesta ha sido la misma, no hay fondos ni una fecha clara para el pago de adeudos mientras que el personal no les da una respuesta clara sobre cuándo se podría normalizar o a que se debe este retraso.

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REELECCIÓN.- La semana entrante el Pleno del Instituto Nacional Electoral, someterá a votación la confirmación o rechazo de la modificación estatutaria que le otorgó la reelección o hasta una doble reelección, al dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

AFECTACIÓN.- Por lo pronto la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos no avaló o rechazó los cambios estatutarios del PRI por haberse resuelto sin que terminara el proceso electoral, consideró que se trata de una afectación a la militancia del tricolor, ese fue el criterio, previo a que se vote en el Pleno.

PROCESO.- Y es que como lo había denunciado un grupo de exgobernadores y exdirigente nacionales de este partido, la reforma estatutaria se realizó durante el proceso electoral que recientemente acaba de culminar, lo que prohíbe la Ley Electoral de manera expresa en el artículo 34.

VOTO.- Hay que conocer el sentido del voto del Pleno y seguramente las impugnaciones que se presentarán ante el Tribunal Federal Electoral, si es que cae la reelección de Alito, condición que traería una reconfiguración del PRI en la dirigencia nacional y en las dirigencias estatales.