HONOR.- Una cosa sí está clara, la detención del exfiscal de Derechos Humanos y coordinador de la Operación Justicia para Chihuahua, Francisco G.A. sí preocupó al gabinete de la anterior administración, pues una semana antes se aprehendió a Araly Cristina L., directora administrativa de la Coordinación de Comunicación Social, cuando estaba al frente Antonio Pinedo, y ningún corralista salió en defensa de su honor.
CONFLICTO.- Tampoco es extraño si se considera que antes de terminar el mandato de Javier Corral, la Auditoría Superior del Estado, que comanda Héctor Acosta, presentó una denuncia por el conflicto de intereses entre Toño Pinedo y su cuñada Araly, toda vez que se otorgaron contratos a empresas manejadas por el esposo de ella y con quien trabajaba la pareja del excoordinador.
TRAICIÓN.- Y precisamente cuando se dio a conocer que la ASE iba por Pinedo Cornejo, el exgobernador lo removió del cargo. Posteriormente se giró una orden de aprehensión y el exvocero reclamó que su amigo de casi toda la vida lo sacrificara y se amparó, sin que a la fecha se sepa si sigue vigente y acaso la fiscalía lo busca.
BANDERA.- Así que el 15 de noviembre pasado, cuando se arrestó a la primera corralista llevada a proceso por corrupción, ni el exmandatario ni su equipo se inmutaron. No así con el exfiscal, ya que representa el proceso que inició contra su predecesor, César Horacio D.J., lo cual le permitió a Corral Jurado enarbolar la bandera contra las mafias del poder como nadie –según lo ha sostenido— lo ha hecho en el país.
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CONTRACAMPAÑA.- Si esto equivale a que la lumbre llegue a los aparejos para algunos del gabinete pasado, incluyendo al propio Javier Corral, no sólo será cuestión de tiempo y prácticamente se definirá en el corto plazo, sino que explicaría la contracampaña mediática para hacer del exfiscal una víctima política.
RETÓRICA.- Destaca en las entrevistas que ayer concedió Javier Corral, al asistir a la misa para despedir los restos del padre de Francisco G.A. en el templo del Sagrado Corazón de Jesús, en las cuales no afirma ni niega las acusaciones de tortura. Retórica pura.
RETÓRICA II.- Desmintió las torturas al asegurar que él nunca presenció interrogatorio alguno, no aclaró entonces si las hubo o no, sólo que no lo vio y tampoco precisó si no estaba ahí pero escuchó las horas de preguntas a los duartistas que según se expuso en las audiencias, él escuchaba en transmisión directa de la Casa de Gobierno al palacio de cantera, entonces sobre qué bases afianza la inocencia de Francisco G.A.
MINISTERIOS.- De hecho, ayer en la interrumpida audiencia de vinculación a proceso contra el exfiscal, su defensa llamó a ministerios públicos que trabajaron con él y siguen adscritos a la Fiscalía General del Estado con testimonios que describen se conducía como un caballero.
PÚBLICOS.- Difícil que digan otra cosa si en días pasados, el fiscal general Roberto Fierro advirtió que hay más implicados en las torturas y se generarán más órdenes de aprehensión. Extraoficialmente se supo que por lo menos 12 ministerios públicos están involucrados.
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JESUITAS.- Los sacerdotes Javier “Pato” Ávila y Camilo Daniel Pérez se fueron con todo contra la gobernadora María Eugenia Campos durante la misa que oficiaron en memoria del señor Francisco González, padre del exfiscal y quien falleció el martes pasado.
VENGANZA.- Frente a poco menos de un centenar de personas, en su mensaje el padre Camilo destacó que las detenciones que realiza el actual gobierno son una venganza política contra quienes en su momento sí combatieron la corrupción y la impunidad.
ORGULLOSO.- Después, el padre Pato Ávila dijo que esperan que Francisco G.A. libre el proceso que lleva en su contra y aseguró que su padre estaría muy orgulloso de haber procreado a un ciudadano ejemplar.
RIESGO.- Los pronunciamientos de los religiosos son un reproche contundente a la posición adoptada por la actual administración, lo cual pondría en riesgo las reuniones periódicas que se han realizado entre el gobierno estatal, los gobernadores indígenas y la comunidad jesuita en la región serrana, y de acuerdo con todos los involucrados estaban dando resultados.
DISTANCIA.- Acaso por ello, el silencio ante esas posturas del obispo de la Diócesis de la Tarahumara con sede en Guachochi, el padre Juan Manuel González Sandoval, y el vicario general de esa diócesis en Bocoyna, el padre Héctor Fernando Martínez Espinosa, quienes mantienen la coordinación con la administración de Maru Campos con la exigencia de esclarecer los crímenes de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora.
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COEPI.- Trascendió que el titular de la Coepi, Enrique Rascón, siente pasos en la azotea, pues sabe perfectamente que uno de los principales cambios que se avecinan con el ascenso de categoría de esa dependencia –de Comisión a Secretaría—, no sólo es la parte presupuestal, sino de la titularidad.
PERFIL.- Ante los pocos avances presentados por la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, empezando porque las etnias no se sienten representadas y así lo han manifestado, la gobernadora Maru Campos tomó la decisión de pedir al Congreso del Estado su aval para elevar el organismo a secretaría y así, asignarle más recursos y mayores atribuciones. Se sabe que también busca un perfil con reconocimiento social.
CULPAS.- Y es que la forma en que el comisionado manejó la información por las muertes de niños por desnutrición en la Sierra Tarahumara caló al interior de la administración porque repartió culpas a Desarrollo Humano, Salud y hasta el DIF Estatal.
ACCIONES.- Ignacio Galicia, de Desarrollo Humano; Felipe Sandoval, de Salud, y María Eugenia Galván, del DIF Estatal, en cambio asumieron la parte que les correspondía e informaron de las acciones a emprender para atender la problemática, a las cuales han dado seguimiento. Gran diferencia.
