QUIÉN.- La gobernadora María Eugenia Campos no dudó en lanzar públicamente un reto para Javier Corral, titulado: ¿Quién es quién en la corrupción?
RETA.- Por aquello de que el ex mandatario insistía en que Maru Campos era la representación de la corrupción en Chihuahua, los informes de la Auditoría Superior de la Federación expusieron irregularidades por 2 mil 417 millones de pesos en la cuenta pública de 2020, de la cual no se tiene rastro del destino que se dio a ese dinero y de no justificarse, resultaría en acciones penales contra algunos ex funcionarios.
RETA II.- La jefa del Ejecutivo, con un tono irónico, dijo que invitaba a todos aquellos que la señalaron, a que revisen las cuentas públicas de ese año –el 2020— cuando ella era alcaldesa y Corral Jurado era gobernador, y entonces sí, subrayó, veremos quién es quién.
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LASTRE.- En medio de todo lo ocurrido por el desvío de los fondos de ahorro del Congreso del Estado y el homicidio del ex funcionario de la JMAS, Luis René Villarreal; en la Torre Legislativa han atribuido el entramado de cuentas a la reforma de la Ley Orgánica de ese poder.
LEY.- Según los legisladores, desde que se propuso y aprobó esa enmienda legal, cualquier profesionista puede fungir como secretario administrativo, lo que en esos tiempos se conoció como la “Ley Issa”, moldeada precisamente para que el médico cirujano Jorge Issa pudiera asumir en el cargo.
CALZADOR.- Cuesta trabajo entender que ni un abogado, administrador, financiero o contador del grupo corralista “llenara el ojo” para ser designado en el manejo de los recursos del Congreso y tuvieran que reformar la ley para meter con calzador al doctor Issa González.
OTRA.- Por ello, la mayoría panista, liderada hoy en día, por Mario Vázquez Robles busca corregir errores de las gestiones anteriores y fortalecer la transparencia, de ahí que está en puerta otra reforma a la Ley Orgánica del Congreso local, para dejar filtros instalados y evitar otra telaraña de cuentas para desviar recursos del Poder Legislativo.
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ACTAS.- Los conocedores de los procedimientos administrativos en la Torre Legislativa aseguran que algunas de las respuestas, ante los desvíos se encuentran en las actas del Comité de Administración, que entonces presidía el diputado de Morena, Miguel Ángel Colunga y cada trimestre Jorge Issa y Manuel Soledad –ex director de Finanzas— le presentaban un informe financiero.
ACTAS II.- Sin embargo, fuentes de la Auditoría Superior del Estado indican que no hay mucha claridad entre las actas del Comité de la legislatura pasada, mas aún si comparan la forma de presentar los estados financieros de 2016 a 2018 con la gestión de 2018 a 2021.
ACTAS III.- Refieren que de facto, al auditar lo reportado por la legislatura pasada de 2018 a 2021 ni siquiera se localizan esas actas. Hecho que ya investiga la Fiscalía Anticorrupción, o debería.
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DESLINDE.- Por lo pronto, los ex diputados Miguel Ángel Colunga, Fernando Álvarez y Rosa Isela Gaytán, todos pertenecientes al Comité de Administración de la LXVI Legislatura, aseguraron que nunca recibieron informes financieros que incluyeran la malversación de los fondos de ahorro. Así que ya le ofrecieron a Gema Chávez, de la Fiscalía Anticorrupción, la mejor disposición para aclarar lo necesario.
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CLAUSTROS.- Las diferentes unidades académicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua ya realizan los claustros de maestros para votar quiénes los representarán en el Consejo Universitario, que en los próximos meses elegirá al nuevo rector, así como a los 15 directores de las facultades.
CONSEJEROS.- De ese proceso, se estableció que cuatro unidades académicas ya eligieron a sus representantes: De la Facultad de Derecho, a Reyes Humberto de las Casas Muñoz, identificado con el grupo del ex alcalde Marco Adán Quezada.
CONSEJEROS II.- De la Facultad de Ciencias Químicas, el doctor David Chávez; de Filosofía y Letras, Javier Contreras, y de Ciencias Políticas y Sociales, Javier Realivázquez. Como se recordará, el Consejo Universitario se conforma de 30 alumnos, 15 maestros, 15 directores, representante de sindicatos, además del secretario general y el rector.
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AGUAS.- Quien no ha soltado el tema sobre la problemática de las aguas nacionales es el senador Rafael Espino. Resulta que se enteró que la Conagua enfrenta alrededor de 7 mil demandas y amparos debido a los deficientes manejos que lleva a cabo, por lo que el chihuahuense exigió al organismo descentralizado, un informe sobre esos trámites.
GRAVEDAD.- Según se sabe, de la totalidad de esas demandas cerca del 80 por ciento provienen del estado de Chihuahua. A partir de ello, Espino de la Peña sostuvo que esa problemática en nada beneficia al gobierno de la República ya que el estrés hídrico, la geografía de la entidad y las sequías, evidencian la poca claridad que existe en la regulación de los cuerpos de agua, generando incertidumbre jurídica entre los usuarios, agricultores y productores.
FALIDA.- Así lo expuso en la tribuna del Senado y calificó como fallido el programa “Conagua en Línea” o “Buzón del Agua”, creado para acelerar los procesos aclaratorios entre el organismo federal y los usuarios, el cual no ha funcionado en la práctica.
