Otto V., es un reconocido empresario local, proveniente de una familia que, entre sus empresas, cuenta con negocio de hotelería y una concesionaria automotriz, además de dedicarse a las labores agrícolas, ha participado en el ámbito político siendo candidato a Diputado por el distrito 9, por el Partido Verde Ecologista.
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El empresario Otto V., y su familia son parralenses conocidos en la ciudad debido a sus negocios, y en el ámbito de la política, Otto resaltó, debido a que ingresó a las filas del priísmo y fue vinculado con actos de presunta corrupción en el sexenio del exgobernador César Duarte.
En el 2018 fue designado como candidato a la Diputación Federal por el Noveno Distrito, siendo abanderado con las siglas del Partido Verde Ecologista de México, dejando las filas del priísmo.
En ese entonces dio a conocer que su origen ideológico es priista; sin embargo, destacó que la apertura del Partido Verde Ecologista abrió a la sociedad la participación política.
Aunque no quedó electo por el voto popular, mencionó que fue una grata oportunidad, para tratar de obtener la representación de los intereses sociales de los habitantes del Noveno Distrito con cabecera en Parral.
Polémicas en torno a Otto
Para el mes de junio del mismo año, el candidato por el Partido Verde Ecologista fue acusado, junto a su hermano Manuel, y la madre de ambos, de ser prestanombres del exgobernador César Duarte en la compra bajo presión de viviendas, para la construcción de una plaza comercial en Parral.
Según la denuncia de la afectada, de nombre Dora Alicia Arzola Calderón, presentada ante la Fiscalía General del Estado, el pasado mes de marzo de ese año, acusó a la familia V., de haberla amedrentado para que vendiera su propiedad de la calle Bartolomé de las Casas número 5, de la colonia Centro, en el cuadrante donde actualmente está instalada la estatua monumental de Pancho Villa, como parte de un proyecto que, además incluía, el uso comercial de la zona, que presuntamente aprovecharía el exgobernador.
En la declaración de la afectada, presentada el 28 de marzo de 2018, establece que ella compró en 2008 la casa en mención al señor Andrés Díaz Garibay, pero en julio de 2012, dos personas acudieron a su vivienda y sin su permiso, comenzaron a tomar fotografías del interior, ante lo cual los cuestionó por la razón de su visita, respondiéndole que acudían a sacar algunas imágenes del inmueble para su avalúo, lo que sorprendió a la afectada, pues jamás la había puesto en venta.
Asimismo, resaltó que los visitantes le explicaron que, el entonces gobernador Duarte, compraría la cuadra entera para un proyecto de Gobierno, que abarcaría todas las casas en las calles Bartolomé de las Casas, Callejón del Beso, Plaza Juárez y avenida Juárez, ante lo cual respondió que su vivienda no estaba en venta y les pidió que se retiraran.
Posteriormente, en el mes de julio del 2018, la mañana del miércoles 4 de julio, cuatro unidades de la Ministerial, y peritos especialistas en escenas de crimen, cercaron toda la cuadra que rodean las calles Bartolomé de las Casas, Juárez, y Purísima en pleno centro de la ciudad, aunque nadie sabía de qué se trataba, debido a un fuerte hermetismo de parte de la Fiscalía, surgió la versión de la polémica casa propiedad del empresario Otto V., y su familia, ubicada en la calle Bartolomé de las Casas #5.
En donde testigos del actuar policial de la corporación estatal en dicho domicilio, indicaron de manera extraoficial que del interior del domicilio sacaron tres maletas, desconociendo su interior.
En ese momento, el empresario Otto V., indicó que era posible que se tratara de dicha propiedad, ya que le habían informado sobre el operativo en dicho sector; sin embargo desconocía la razón certera del cateo.
Para el mes de julio del 2018, Otto dio a conocer que el hostigamiento hacia su persona y familia, era parte de la venganza contra el ex gobernador Duarte, pero según lo destacó el empresario, nada tenía que ver con él.
“Es un show mediático montado por el Gobierno del Estado y si los hostigamientos siguen, como venganza contra César Duarte, tendremos que considerar el cierre de empresas e irnos de la ciudad, terminando con más de 300 empleos fijos”, lamentó el empresario Otto ante el aseguramiento de dos de sus propiedades.
Asimismo, ese dia señaló que el Gobierno del Estado, a través de la FGE, los obliga a ventilar a la luz pública las propiedades con las que cuenta la familia y afirmó que era una falta de seguridad para ellos y su patrimonio.
“Hago responsable directamente al Gobierno del Estado de cualquier incidente que nos pueda pasar, porque no lleva más que un solo fin: venganza política, y nos están exponiendo a mí y a mi familia cuando hemos trabajado legalmente”, concluyó el empresario.
Otra de las polémicas que se presentaron, fue que el pasado 24 de mayo de este 2019, en donde el Colegio Hidalgo, propiedad de la familia, fue clausurado debido a que según lo mencionó en aquel entonces Samuel Portillo, titular de Desarrollo Urbano y Ecología de nuestra ciudad, aseguró que debido a las verificaciones realizadas por Protección Civil se debe tener la certeza de que los establecimientos de concurrencia cuenten con sus verificaciones, debido a que ya sea en caso de un siniestro o cualquier accidente, el lugar ya haya tenido una verificación de seguridad que prevenga y detecte anomalías.
En ese entonces, destacó que acudieron a verificarla debido a que faltaban documentos en Desarrollo Urbano Municipal y al preguntarle si estarían asistiendo a otras escuelas a verificar, comentó que no, únicamente se tenía detectada a ésta.
