Dan a conocer la publicación de un edicto dirigido al ex gobernador, César Horacio Duarte Jáquez, con base en los Artículos 138 y 140 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, a cargo de la Secretaria de la Función Pública. El procedimiento busca otorgarle la oportunidad de conocer los hechos concretos que están dentro del expediente, ante la falta de su localización presencial.
Esta publicación forma parte de una etapa legal de los procedimientos administrativos iniciados por esta autoridad, otorgando con ello la debida oportunidad al citado ex gobernador para que tenga un debido acceso a la justicia, en virtud de la falta de su localización presencial, y así concederle en términos de ley, su derecho a conocer los hechos concretos que son causa del inicio del expediente aludido en el citado edicto, y haga uso de su derecho de audiencia y debida defensa.
Cabe resaltar, que se publica un edicto correspondiente al inicio de un nuevo procedimiento administrativo, diverso a los asuntos ya publicados el pasado 27 de junio, reiterándose que la SFP no puede aportar mayor información al respecto, toda vez que se trata de un procedimiento administrativo en curso y la vulneración del mismo podría derivar en afectaciones que impidan el debido ejercicio de la justicia.
Lo anterior, es derivado de los procedimientos administrativos llevados a cabo en el marco de la Operación justicia para Chihuahua, procesos que son instaurados en el marco del compromiso de esta administración de luchar contra la corrupción y apegados al marco legal aplicable..
El combate a la corrupción y la búsqueda de la justicia administrativa, avanza como una de las prioridades de ésta Dependencia Estatal, en coherencia con las políticas públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua; es así que, en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua se informa que a la fecha:
Se han iniciado 60 procedimientos administrativos disciplinarios; emitido 5 resoluciones, en las cuáles se han notificado a 12 servidores públicos las resoluciones, siendo solo un servidor público el que no ha sido localizado para notificarle la resolución. Y las sanciones correspondientes a las resoluciones en mención, van de uno a 10 años de inhabilitación, así como sanciones económicas por un monto de más de 88 millones de pesos, las cuales aún están sub judice.
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