En los últimos años el tráfico de migrantes se ha incrementado y ha pasado a ser una de las principales fuentes de ingresos de las organizaciones criminales del estado de Chihuahua, que de forma mensual podrían generar cifras que superan los 30 millones de pesos con el paso de estos indocumentados.
Lo anterior de acuerdo al estudio que ha generado Jorge Luis Contreras Fornelli, quien es presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y también analiza el comportamiento del tráfico de migrantes desde hace más de cuatro años.
Dijo que en lo que respecta al año 2021 y en lo que va del 2022 las autoridades norteamericanas deportaron a alrededor de un millón 700 mil personas por las fronteras de Chihuahua, por haber cruzado de forma ilegal a los Estados Unidos, por lo cual pagaron alrededor de 30 millones de pesos a las diferentes organizaciones criminales y bandas trasnacionales.
“Tenemos el cálculo de cuántas personas regresaron a México, cuánto pagaron los extranjeros para llegar a Estados Unidos, así como los mexicanos, pues a ambos les cobran distintas cantidades de dinero y claramente existen bandas internacionales que operan en la frontera como en el país vecino”, comentó.
Dijo que para las personas extranjeras el cobro por el cruce es de 8 mil dólares y para los mexicanos el costo es de cuatro mil dólares, lo cual se entrega a “coyotes”, criminales, agentes y todo un entramado de personas que se encuentran involucrados para concretar estos cruces, que no corresponden a una persona, ya que llegan a ser grupos desde 10 hasta 400 personas por “viaje”.
Jorge Contreras comentó que las intervenciones de las autoridades federales en los delitos migratorios no han tenido un avance importante en la materia, ya que en lo que corresponde de 2021 a febrero del 2022 se iniciaron sólo mil 747 carpetas de investigación en todo el país, por delitos relacionados con migrantes.
De ese total de carpetas que se iniciaron, sólo 674 se judicializaron, es decir que iniciaron su proceso penal, y que derivó de un total de 2 mil 079 personas detenidas, de las cuales 649 fueron llevadas ante un juez de Control para que fueran vinculados a proceso por delitos migratorios, como es traslado, albergue, trata, entre otros.
Actualmente la zona de Juárez, Ojinaga, y otros puntos que colindan con el estado de Chihuahua registra decenas de cruces diarios de indocumentados de diferentes nacionalidades, quienes pueden ser ubicados y deportados, así captados por bandas criminales o morir en el intento para cruzar por varios días en el desierto.
Comentó que desde hace cuatro años se plantea la necesidad de instalar en Juárez el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que sería la sexta sede, para integrar investigaciones entre México y Estados Unidos, para poder combatir este tipo de delitos y sobre todo acabar con estas bandas delincuenciales.
La última intervención realizada por las autoridades en el estado fue el día 27 de febrero; la Fiscalía General del Estado intervino un domicilio en Juárez, donde aseguraron a 33 indocumentados originarios de Guatemala, Nicaragua, Cuba y Panamá, quienes buscaban llegar al “sueño americano”, pero aparentemente fueron abandonados en un domicilio en condiciones precarias.
En atención y seguimiento a una llamada anónima hecha al sistema de emergencias 911, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada de la Mujer localizaron y rescataron a 33 personas de origen migrante, quienes se encontraban hacinados en un domicilio de Ciudad Juárez.
Tras recibir el reporte elementos de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Ausentes y/o No Localizadas se dirigieron a la calle Justo Sierra, de la colonia Zaragoza; al revisar se percataron de que en el interior se encontraba un grupo de 20 hombres y 13 mujeres en condiciones inhumanas.
Los migrantes originarios de Guatemala, Nicaragua, Cuba y Panamá refirieron que se encontraban en ese lugar desde hace varios días en contra de su voluntad, pues pretendían cruzar hacia los Estados Unidos.
Por lo anterior se procedió al rescate y aseguramiento de las personas, cumpliendo todos los protocolos de respeto a su dignidad y derechos humanos, siendo trasladados a un albergue para que se les brindara atención médica y alimentos.
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