Las cárceles municipales de las 17 poblaciones comprendidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la Zona Sur serán sometidas a revisión por la oficina. El objetivo es asegurar que estos lugares, destinados a personas que cometieron faltas administrativas, cuenten con las adecuaciones pertinentes para la seguridad de los internos.
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Actualmente, se encuentran a la espera del aval de la Comisión Estatal para iniciar las respectivas visitas.
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El licenciado Juan Armando Portillo Díaz, visitador de la Comisión de Derechos Humanos en la región Parral, expresó que están a la espera del aval de la Comisión Estatal para comenzar con las visitas.
El propósito de estas revisiones es emitir el pronunciamiento para la adopción de acciones o adecuaciones urgentes que garanticen la debida operatividad, seguridad y gobernabilidad en los centros penitenciarios, protegiendo así los derechos humanos de las personas privadas de la libertad por alguna falta administrativa.
El visitador señaló que la oficina de Parral atiende a diecisiete municipios, entre ellos Jiménez, López, Cornado, Valle de Allende, Parral, Matamoros, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Balleza, El Tule, Huejotitán, Valle de Zaragoza, Morelos, Batopilas y Rosario.
En este sentido, el funcionario destacó que cada municipio cuenta con una sola instalación de separos, con la excepción de Parral, que tiene dos comandancias municipales. Se realizarán visitas y revisiones en dieciocho cárceles.
Asimismo, subrayó que, como derechos humanos, realizan revisiones preventivas con el fin de que los espacios destinados para quienes cometieron faltas administrativas cuenten con las adecuaciones necesarias para la seguridad de los internos.
Además, se aseguran de que las celdas cumplan con diversas especificaciones y adecuaciones pertinentes, como lugares para sentarse o acostarse, y donde realizar necesidades de manera privada, para garantizar el respeto a los derechos humanos durante la estancia en cada una de las barandillas municipales. En caso de incumplimiento, se emiten recomendaciones a las autoridades municipales para corregir las deficiencias y garantizar el respeto a los derechos humanos.