Auditoria Superior del Estado se encuentra reuniendo elementos para interponer una denuncia contra quien resulte responsable ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por responsabilidad administrativa luego de que en San Francisco del Oro se solicitara un crédito de más de cinco millones de pesos que no fueron aprobados por el Congreso del Estado, esto de acuerdo con Héctor Acosta Félix, auditor superior del Estado, quien destacó que en otras denuncias los probables responsables han enfrentado el proceso con medidas cautelares que no incluyen la prisión.
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Héctor Acosta Félix, quien ocupa el cargo de Auditor Superior del Estado explicó que dentro de las irregularidades que detectaron en San Francisco del Oro, se destaca el monto de un préstamo de 5 millones 740 mil pesos.
Indicó que esta observación se hizo pública desde diciembre del año pasado. Lo anterior le fue cuestionado al alcalde de San Francisco del Oro, Arturo Huerta Luevano, quien detalló a la autoridad estatal que el préstamo sería para pagar liquidaciones.
El titular del ejecutivo municipal argumentó ante la Auditoría Superior del Estado que se despedirían trabajadores en el Ayuntamiento, explicación que en los hechos no ocurrió de acuerdo con el auditor.
Incluso en declaraciones de Jorge Salcido, síndico municipal de San Francisco del Oro, durante la administración de Huerta Luevano se ofrecieron plazas para varios de los integrantes de la plantilla laboral.
Acosta Félix refiere que el préstamo se solicitó a la empresa Alderiva México, sin embargo la transacción no se hizo dentro de las regulaciones establecidas por la autoridad estatal que vigila el endeudamiento.
Se solicitó el préstamo sin permiso de cabildo y el congreso
Ejemplifica que en primer lugar, aunque el préstamo fue votado en Cabildo, no se contó con la participación de dos terceras partes ya que se requerían ocho votos a favor, de los cuales se consiguieron cuatro en contra, siete a favor y una abstención.
Aunado a ello, en la administración de Huerta Luevano, tampoco se reportó la deuda al Congreso del Estado, donde no se contempló en la generación de las leyes de ingresos de los años 2023 y 2024.
De acuerdo con lo resaltado por el entrevistado, se esta trabajando para que se hagan valer dos leyes, una de ellas la Ley de Disciplina Financiera y otra es la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua.
En estas dos regulaciones se establecen los procedimientos mediante los cuales los municipios pueden adquirir deuda con el objetivo de que no se contraten prestamos con condiciones fuera del estándar del mercado.
El auditor aseguró que el préstamo que se solicitó en San Francisco del Oro, no ha podido reducir su monto hasta el momento de la auditoría realizada durante 2022, ya que únicamente se están logrando liquidar los intereses pero la deuda persiste para la localidad.
El auditor en este sentido, destacó y recalcó que el endeudamiento a estos niveles debe estar previsto en la Ley de Ingresos autorizada por el poder legislativo, condición que no se cumplió en la comunidad aurífera.
Según lo expuesto por el entrevistado, los préstamos que solicita una administración deben de utilizarse para gastos de inversión; sin embargo se dijo que sería para pagar liquidaciones que hasta el momento no se han reportado.
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Dos vías de denuncia para el responsable del endeudamiento en El Oro
Dado el contexto actual, existen dos vías que se están abriendo, una de ellas involucra presentar una denuncia ante Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por probables responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados en los préstamos.
Además, está la otra vertiente que involucra una denuncia penal que desde mayo ya fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, instancia que ya esta reuniendo los hechos para proceder.
Son dos autoridades distintas las que investigarán la situación: una por responsabilidad administrativa y otra por responsabilidad penalDeclaró el Auditor Superior del estado de Chihuahua
En el caso de la responsabilidad administrativa, la carpeta con los elementos, serán enviados por la Auditoria Superior del Estado, mientras que en el caso de la vía penal, será la fiscalía la que se encargue de reunir los elementos.
Dentro de las medidas que se pueden aplicar, los funcionarios que resulten responsables de los señalamientos establecidos por la Auditoria Superior del Estado, se encuentran la firma periódica, prohibición de salir de un área determinada, retiro de pasaportes, fianza, o prisión preventiva, dependiendo de la decisión del juez y la solicitud de la Fiscalía.
Cabe destacar que en este municipio prevalece una problemática con el pago de cinco quincenas, donde se están viendo afectados más de 300 trabajadores de confianza y sindicalizados que permanecen con diferentes oficinas públicas tomadas.
La situación financiera con la Administración Municipal incluso a escalado a la economía de los habitantes que no trabajan en las dependencias públicas ya que hasta en comercios presentan afectaciones de manera indirecta.
Este miércoles se cumplirán dos semanas desde que las instancias municipales y estatales fueron tomadas debido al conflicto entre trabajadores que señalan que el Presidente Municipal se niega a depositar el pago de quincenas.
