Se calcula que se van a dispersar más de 38 millones de dólares entre aproximadamente ocho mil trabajadores de Santa Bárbara, San Luis Potosí, Cananea, Nacozari y otros sectores; en meses próximos se definirá la cantidad que por derecho les corresponde a cada empleado que laboró de 1988 al 1990, lo anterior corresponde al cinco por ciento de la venta de la mina de Cananea.
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Aarón Peña, abogado que ha dado seguimiento al caso de algunos mineros que reclaman el pago, dio a conocer que en aproximadamente dos meses se comenzará analizar cuanto es el pago que le corresponde a cada trabajador, luego de más de 17 años de conflicto con el sindicato, además de los 15 años que tardó la empresa en dar el recurso al sindicato.
Desde el año 2005, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (S.N.T.M.M.S.R.M.) recibió la participación de 55 millones de dólares correspondientes a la venta de la Compañía Minera Cananea (CMC).
Según lo menciona el abogado, el sindicato cobraría un millón de dólares por efectos de honorarios, por lo que 54 millones de pesos se repartirían entre los trabajadores de las empresas que integraban el fideicomiso.
Expuso que los trabajadores de las siguientes empresas se incluían en el fideicomiso; Mexicana de Cananea, Mexicana de Cobre, Industrial Minera México, Minerales Metálicos del Norte, por lo que sus trabajadores se verían beneficiados con una parte de las acciones de la venta.
Se destaca que estas empresas pertenecen a sectores como Nacozari, Santa Bárbara, Cananea, San Luis Potosí, además de otras partes de la República Mexicana.
Lo anterior, corresponde al cinco por ciento de las acciones de la venta de la empresa mexicana de Cananea, que desde 1990, fue puesta en subasta para que el sector privado la adquiriera.
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Desde 1989, esa razón social comenzó a tener problemas económicos luego de ser fundada desde principios del siglo XX; al punto de dejar de ser rentable, hasta que el sector público la puso en subasta para que la empresa pasará a manos de la iniciativa privada.
Pasaron 15 años; de 1990 al 2005, para que la empresa minera liberara el recurso, que terminó quedando en manos del sindicato minero, que estaba liderado por Napoleón Gómez Urrutia, quien ocupaba el cargo de secretario general.
A 17 años de que el recurso fue entregado al sindicato –de 2005 a 2022- la participación de miles de millones de pesos no ha llegado a los trabajadores que estuvieron laborando de 1988 a 1990.
El abogado señaló que se dispersaron cerca de 16 millones de dólares a discreción, recurso que no llegó a todos los que en su momento trabajaron en la empresa minera, mencionó que son de siete a ocho mil trabajadores los que no han recibido ningún monto y tomando en cuenta que son personas de la tercera edad, se especula en el tema.
Señaló que al ser personas de edad avanzada, parte del trasfondo es que se espera que los beneficiarios pierdan la vida para que menos personas reclamen el recurso. Esto tras la demora de más de 32 años desde que la empresa no liberaba el recurso, que cuando se liberó, el sindicato volvió a manipular la dispersión para un grupo selecto por Gómez Urrutia.
Según detalló el especialista en leyes, el primer Laudo que condenó al sindicato fue en octubre de 2012, el siguiente en abril de 2018 y este último el 28 de enero de 2022.
A raíz de esto, de 2006 a 2018, el Secretario General estuvo en el país de Canadá, ya que en México contaba con una orden de aprensión girada por el despilfarro de 54 millones de dólares.
