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En el estado de Chihuahua podría haber más de 3 mil beneficiarios del recurso proveniente del fideicomiso que se formen mil 1988, al cual se le añadió el monto correspondiente al 5 por ciento de las acciones de la venta de la mina en Cananea durante 1989; más de dos mil bajadores integraban la sección 11 a finales de la década de los ochenta.
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José Martín Perales, exsecretario general del sindicato de mineros de la Sección 11 informó que en la época que se formó el Fideicomiso en el año 1989, había 2 mil 150 trabajadores agremiados a la organización, más 800 trabajadores de la Mina en Ávalos y 900 en Santa Eulalia.
Se destaca que Chihuahua fue la entidad que más trabajadores aportaba a nivel nacional a finales de los ochentas y principios de la década de los noventas, se calcula que son más de 3 mil mineros que se pueden ver favorecidos con el recurso, entre los mineros que aún viven y los familiares que quedaron de beneficiarios.
El fideicomiso fue integrado en 1988 con la compraventa de Mexicana de Cobre, Mexicana de ácido sulfúrico y la planta de cal, empresas de Nacozari, Agua Prieta y Esqueda, Sonora; plantas que compraron con la utilidad generada en Industrial Minera México en el estado de Chihuahua.
En agosto de 1989 se formaliza la compraventa de Cananea y la extinta sección 65, que existía en ese municipio, fue agregada al fideicomiso que se formó un año antes.
Cuando el Sindicato Minero por las maniobras de Napoleón Gómez Urrutia, paralizó la industria del cobre prorrogando las revisiones de contrato y de tabuladores de salario, Carlos Abascal Carranza entonces Secretario de Trabajo, permitió indebidamente que en las mesas de negociación se incluyera el tema de Fideicomiso obligando la venta de las acciones y permitiendo que Gómez obtuviera los multicitados 55 millones de dólares.
Gómez y sus cómplices extinguen el fideicomiso y alteran el convenio que firmaron en la STPS, omiten en el (borran) Industrial Minera México, Minerales Metálicos del Norte y Carbonífera de Nueva Rosita y lo presentan en Cananea y Nacozari como únicos beneficiarios en el asunto.
Acto seguido, instruye a otras personas para que a través de un despacho externo entreguen cheques a discreción, a algunos (no a todos) trabajadores de Cananea, Nacozari y Esqueda), donde se estima que fueron 10 millones de dólares, según lo destacado por Martin Perales.
Cita el abogado cantidades que no corresponde a la realidad, supongo que ha de ser por carecer de la información precisa, y con ello acredita en parte, las mentiras de Gómez, sus cómplices y sus abogados.
Señala que estuvo en Canadá por el despilfarro de los 55 millones de dólares, debió enfatizar que estaba en calidad de prófugo, aunque lo deja entrever porque si dice que había una orden de aprehensión en contra del ahora Senador de Morena.
Se debe de acordar que se libraron órdenes de aprehensión en contra del ladrón, en San Luis Potosí, en Sonora, y en Nuevo León, sus abogados las impugnaron a través de diversos recursos jurídicos y al final los actos de la autoridad responsable se centraron en la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía Especializada en Delitos Fiscales y Financieros.
En esa dependencia se obtuvieron 11 órdenes de aprehensión mismas que fueron recurridas por sus abogados y en la onceava de ellas consiguieron un Magistrado Ponente “a modo” que elaboró el proyecto de sentencia, mismo que fue aprobado por el Tribunal Colegiado respectivo, en una maniobra falaz y favoreciendo los intereses del prófugo de la justicia se lavaron las manos con el argumento de que al ser un asunto de dinero, debía litigar en Tribunales Civiles.
En esos Tribunales existe un cúmulo de demandas sin que hasta el momento haya conclusiones de Justicia para los afectados.
