El diputado local del Congreso del estado Omar Bazán Flores presenta una iniciativa con carácter de Decreto para reformar la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, señaló que son urgentes las auditorías y su difusión constante para una correcta gestión penitenciaria, señaló que los hechos recientes en el Cereso de Ciudad Juárez nos obligan a impulsar mecanismos legales que garanticen la gobernabilidad en el Sistema Penitenciario.
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Bazán Flores señaló que en días pasados presentó una iniciativa con carácter de Decreto con el propósito de reformar la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con el propósito de impulsar mecanismos legales que garanticen la gobernabilidad en el Sistema Penitenciario, pero también que se sumen a los esfuerzos que realiza el Gobierno del Estado por un control total.
Indicó el legislador que se busca anexar en el artículo 4, la obligatoriedad de un diagnóstico actualizado del desempeño de las auditorías de cumplimiento del reglamento de los centros penitenciarios, precisamente buscando que lo anterior, sea un mecanismo preventivo, para hacer posible el compromiso del Estado en su proceso de transparencia y confidencialidad, esto para tener una buena gestión penitenciaria con principios de legalidad y proporcionalidad en la ejecución de penas.
Señaló además que las autoridades deben responder a los procesos de auditoría con Informes formales y estructurados, presentaciones orales formales y estructuradas con documentación de apoyo, resúmenes semanales en la forma de boletines y sesiones informativas Ad-hoc para los equipos de inteligencia e investigación que operen en el interior.
Además refirió que actualmente, si bien existe un marco constitucional robustecido para la operación de Centros Penitenciarios, no hay una implementación correcta debido a problemas multifactoriales, por ejemplo, en programas efectivos de reinserción social, hacinamiento, clasificación de peligrosidad o coadyuvancia entre poderes.
Es por lo anterior que considera necesario fomentar un programa de despresurización que permita, sin demérito de los requisitos exigidos, mayor agilidad en el otorgamiento de beneficios preliberacionales (libertad condicionada y libertad anticipada) así como la sustitución de la pena privativa de libertad y revalorar la pertinencia de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
En la exposición de motivos, abordo el “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional”, que expide la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, el cual aborda altos índices de población privada de la libertad, donde especifica que en Chihuahua hay 8 mil 761 personas privadas de su libertad, reporte con corte hasta el mes de mayo de 2022.
El legislador mencionó que en específico, en el estado de Chihuahua existían 8 mil 761 personas privadas de su libertad; de las cuales 7 mil 866 son del fuero común y 895 del fuero federal, donde en nuestro Estado existen 8 Centros Regionales de Readaptación Social y 1 Centro de Reinserción Social, para contar con un total de 9 centros penitenciarios.
Indicó el legislador que existía un Centro Federal de Readaptación Social que fue cerrado en diciembre 2020 tras ocho años de funcionamiento, por no reunir las condiciones de seguridad, posteriormente fue donado al estado, sin que la fecha se utilice, dado que no se dejó en condiciones de uso, ni con presupuesto para su operación.
Así también añadió el diputado que en Chihuahua se cuenta con 9 centros penitenciarios, ninguno de ellos con la calificación de alta seguridad, con 7 mil 386 espacios en total y una sobrepoblación de mil 375, que representa el 18.62% y como ya se explicó el 10.22% son personas privadas de la libertad que corresponden a la Jurisdicción Federal.
Se destaca que no existe una clasificación de grado de peligrosidad de las personas privadas de la libertad, que permita la toma de decisiones efectivas para su reclusión adecuada, a fin de no poner en riesgo la vida de los demás internos y custodios.
La situación de crisis no es exclusiva del Estado de Chihuahua, sino que existe en todo el país, a causa de políticas e inversiones insuficientes en el Sistema.
En el caso de nuestro estado, la organización Reinserta, en voz de su presidenta Saskia Niño de Rivera; “el deterioro del penal de Ciudad Juárez, en donde el pasado domingo ocurrió un motín que dejó 17 muertos y 30 internos fugados, se dio durante el gobierno de Javier Corral”.
Niño de Rivera explicó que al exmandatario se le entregaron los penales en muy buenas condiciones; incluso, dijo, en el 2016 —cuando Corral asumió el gobierno— Chihuahua tenía “penales modelo”.
Saskia apuntó: “Maru tiene responsabilidad, ella no ha tomado medidas puntuales para hacer algo, pero el problema de esta penitenciaría va mucho más allá de Maru Campos”.
Y añadió: “Esos privilegios que vimos llevan mucho más del tiempo que lleva Maru Campos en ese puesto. El penal tenía armas largas, jacuzzi, efectivo y kilos de droga que no fueron ingresados por una persona que llevó a su hijo un sándwich, sino que los altos mandos autorizaron eso”.
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Por lo tanto, es innegable que hubo descuido de años, para que se llegase a lo que ocurrió el día primero.
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