A pesar de que en 2018 se modificó el Código Civil para prohibir el matrimonio infantil en Chihuahua, durante el último lustro se han registrado 129 enlaces con niñas y adolescentes. Una situación legislada, supuestamente, penada y que sitúa al estado en el primer lugar nacional. Al respecto, Amalia Patricia Cobos, coordinadora de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACh, comentó que esta situación es equiparable con lo que acontece en Guerrero con la venta de niñas, además de que municipios rurales como Guazapares, Riva Palacio y Ahumada aún prevalecen costumbres del siglo XVIII. Sin embargo, considera que estos se deberían anular y para evitarlo el Poder Legislativo debería poner más candados en las leyes y revisar a profundidad a quién se le da la facultad de darle validez a los contratos.
Chihuahua es una de las seis entidades que conecta a México con Estados Unidos de América, un país con el que se tienen diversos compromisos internacionales relacionados con la protección de garantías individuales; uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que se está adherida la nación y sus diferentes demarcaciones.
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A pesar de esto, en Chihuahua se vulneran las libertades de niñas, niños y adolescentes que son casados por autoridades del Registro Civil, pese a las modificaciones de hace media década.
La Estadísticas de Matrimonios (EMAT), publicó a finales de septiembre que la problemática en México y Chihuahua no ha descendido en los primeros puestos en el monitoreo nacional.
El matrimonio infantil se ha mantenido en la conversación pública de la última década; la dificultad prevalece a pesar de que el 24 de diciembre de 2017 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado las modificaciones al Artículo 136 del Código Civil que fueron aprobadas por el Congreso del Estado ese mismo año.
Para especialistas en el tema, como Amalia Patricia Cobos, coordinadora de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UACh, este problema es comparable con la venta de niños en comunidades indígenas de Guerrero.
Aún cuando las circunstancias son diferentes en el norte y sur, los hechos son muy similares debido a que diversas a garantías individuales de mujeres se ven vulneradas por un problema sistémico que no han atendido de manera adecuada.
La experta consideró que aunque en 2017 se lograron avances, es necesario que los diputados de la Legislatura en curso revisen el problema para que a través de modificaciones puedan generar más candados y proteger a las mujeres.
Recalcó que es necesario que las autoridades anulen estos matrimonios que fueron permitidos por personal con facultades otorgadas por el Registro Civil que depende del Gobierno del Estado encabezado por María Eugenia Campos Galván, quien a pesar de ser la primera mujer gobernadora en el estado, no ha podido erradicar la práctica.
Uno de cada dos matrimonios infantiles en México se registró en Chihuahua durante 2023
La realidad en datos refleja que desde 2018 -cuando entró en vigor la reforma al Código Civil- al corte de 2023, se han acumulado 129 matrimonios donde uno de los contrayentes es niña, niño o adolescente de acuerdo con la estadística publicada por el Inegi.
Según la última actualización de la EMAT, en 2023 a nivel nacional se registraron 21 matrimonios infantiles, de los cuales 12 se registraron en Chihuahua, colocándose por encima de Durango que acumuló 6; San Luis Potosí con 2 y Michoacán se sumó con uno.
Analizando la información oficial, es posible dimensionar el problema donde se revela que una de cada dos uniones prohibidas a nivel nacional ocurre en los municipios rurales de Chihuahua.
Los datos plantean una problemática social que no se ha podido resolver a pesar de que los congresistas hicieron modificaciones para la ley que permanece vigente, pero que no aplican municipios rurales.
¿Por qué se casan infantes o adolescentes en Chihuahua?
Martha González Rentería, coordinadora general y representante legal del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, asegura que en muchos casos las mujeres ven el matrimonio como la luz al final del túnel para salir de la pobreza y otro tipo de rezago social que viven en las comunidades rurales.
“No tienen un futuro para poder estudiar o salir del lugar donde nacieron. Claro que el matrimonio se convierte en la opción que tienen para lograr construir un proyecto de vida; sin embargo, vienen otros problemas peores como la violencia familiar”, dijo.
La frase coloquial de “salen de Guatemala a Guatepeor” fue citada por la entrevistada, quien explicó que es un circulo de problemas los que se desencadenan, tales como violencia sexual, económica, física y de género.
Las investigadora de la facultad de Ciencias Políticas destacó que a pesar de que el matrimonio infantil ha estado en la conversación, las autoridades no aplican correctamente la ley en el estado.
"Se ha conversado mucho sobre esto en los últimos años, pero los matrimonios siguen porque en muchos casos las autoridades desconocen las reformas legales o no las aplican debidamente”, aseguró.
Asegura que el arraigado tradicionalismo en las regiones rurales y pequeñas donde el embarazo adolescente se resuelve a través del matrimonio que sigue permitiendo la autoridad.
La falta de acceso a la información es uno de los factores que influye y esto ocurre porque las largas distancias para salir o entrar a los pueblos o cabeceras municipales dificulta las capacitaciones o campañas para concientizar.
Más del 90 por ciento de los contrayentes menores de 18 años son mujeres
Otra de las problemáticas detectadas a través del análisis de información en las últimas cinco publicaciones de la EMAT, es que 9 de cada 10 contrayentes que no cumplen con el requisito para firmar el contrato legal son mujeres.
De las 129 personas que contrajeron matrimonio a pesar de ser menores de 18 años, la estadística publicada en la plataforma del Inegi sostiene que 111 fueron mujeres de entre 14 y 17 años.
Sólo en 2023 el Registro Civil permitió que 11 mujeres se casaran con hombres mayores de edad, a pesar de que en diciembre se cumplirán siete años desde que se les prohibió a las niñas, niños y adolescentes contraer matrimonio.
La coordinadora del área de investigación indicó que las mujeres son más vulnerables a contraer matrimonio a una edad temprana, debido a que la sociedad continúa operando bajo un esquema machista donde este sector se ve más vulnerable a la violación a las garantías individuales.
Se violentan derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
González presentó una carta para el Registro Civil, el Congreso del Estado, Instituto Chihuahuense de la Juventud y Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objetivo de que se abordara la problemática.
En entrevista exclusiva, aseguró que la autorización de matrimonios infantiles en Chihuahua, violenta el artículo primero de la Constitución, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Ley Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además la ley del Registro Civil del estado.
En lo planteado, no debería de aceptarse que las parejas menores de 18 años estén celebrando el contrato matrimonial, toda vez que el artículo 144 del ordenamiento jurídico señala como impedimento no tener la edad requerida.
Resaltó que se siguen presentando uniones que consideró ilegales porque se carece de una correcta aplicación de la ley en Chihuahua que encabeza la lista de las entidades con este problema social que no se ha erradicado.
La Coordinadora ha seguido el tema de cerca y celebró la prohibición de 2017; sin embargo, al exponerle los datos la EMAT lamentó la realidad de Chihuahua.
Recalcó que en su momento la ley fue muy clara con la modificación donde se estableció el límite de edad; resaltó que es un problema grave en la aplicación de la ley que buscaba proteger a los más jóvenes.
¿En dónde se tienen registros de la problemática?
A casi tres horas de la capital del estado, se ubica Riva Palacio que encabeza la estadística de 2023, año en que el Registro Civil del poblado permitieron que cuatro niñas y adolescentes contrajeran matrimonio con hombres mayores de 18 años.
La situación es tan grave en ese municipio que autoridades estatales han dado validez al contrato nupcial en el que participó una pequeña de 14 años que cambió las aulas por las responsabilidades de una familia.
Se suman tres contratos nupciales en Ahumada, Buenaventura, Guazapares, Julimes y Morelos, donde se registró uno en cada poblado.
Cobos asegura que los matrimonios ocurren en municipios donde se carece de acceso a la información para erradicar el problema.
Detalló que prevalecen prácticas y costumbres del siglo XVIII y atribuyó los diferentes niveles de rezago como factor que impide la erradicación de las uniones infantiles.
El Coneval sostiene que Riva Palacio, municipio con mayor incidencia, tiene una población de 7 mil 695 personas donde el 84 por ciento de los habitantes tiene al menos una carencia.
Lo que sostiene el planteamiento de la investigadora, donde se pusieron a las carencias y el rezago social como un factor que incentiva a que la práctica siga dándose, pese a que se modificaron diferentes leyes durante el último lustro.
¿Qué consecuencias trae para las víctimas?
Para González el riesgo de sufrir algún tipo de violencia es inminente para las infantes, debido a que no tienen preparación académica que les permita mantenerse, lo que las lleva a depender de sus esposos.
La ausencia de madurez emocional y económica genera frustración en las parejas expuestas a conflictos que terminan la mayoría de las ocasiones en violencia.
Resaltó que se generan condiciones de precariedad, carecen de ingresos necesarios para un nivel de vida promedio, lo que las hace vulnerables.
Agregó que se limita el desarrollo personal y profesional, en dependencia económica y emocional a sus violentadores.
A la lista de consecuencias, Amalia Patricia Cobos le sumó el riesgo a que fracasen estas uniones que se dan por razones equivocadas que atienden en la mayoría de los casos a las presiones familiares.
Comentó que las adolescentes que se casan enfrentan obstáculos para salir de la pobreza o romper las brechas de desigualdad, limitando la movilidad social, generándose rezagos.
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Las entrevistadas coinciden que el problema tiene efectos que consideraron devastadores que se ven reflejados en violencia y ausencia de oportunidades, así como en un punto estructural, ya que existe una ausencia de la aplicación de la ley que incentiva la perpetuación de la pobreza y la desigualdad.