El Colectivo de Trabajadores de la Escuela Secundaria Valentín Gómez Farías emitió un posicionamiento al respecto sobre la manifestación suscitada ayer en la institución, dentro de las irregularidades que se exponen invalidan el nombramiento de la directora, la acusan del presunto delito de fraude a Pensiones Civiles del Estado, del presunto delito de robo y de atentar contra el Derecho Universal de Acceso a la Salud.
Recibe las noticias más importantes directo a tu WhatsApp
Mediante un documento emitido a la opinión pública y sin firma alguna por temor a represalias, la mayoría del personal de la Secundaria Estatal # 3007 realizó una serie de acusaciones contra la directora luego de la manifestación suscitada ayer, misma de la que argumentan ser un reflejo del hartazgo en el que se encuentran los padres de familia ante el abandono y desatención de las autoridades encargadas de asegurar un espacio y proceso educativo favorable a los alumnos y por lo cual los comprenden y los apoyan.
El texto expone que la ahora directora cuando en su momento siendo subdirectora y fungiendo como encargada de dirección de la escuela, fue separada del cargo luego de manifestaciones públicas y reuniones del personal y padres de familia, con autoridades educativas donde se demostraron actos que llevaron a una crisis de operación a la escuela.
Según se lee, ya separada del cargo la profesora aplicó para el examen de asignación de directores y dentro de la postulación a ese concurso se pide como parte de la documentación algo conocido como carta de buen desempeño la cual por obvias razones no se le podía entregar al estar separada del cargo por irregularidades, ante ello el personal de la institución educativa dicen desconocer quién y cómo obtuvo dicho documento, razón por la cual lo subsecuente del proceso para ellos es invalido así como su nombramiento, por lo que exigen se aclare quien viola el proceso y entrega dicho papel.
El Colectivo de Trabajadores de la Escuela Secundaria Valentín Gómez Farías acusó a la profesora de incurrir en el presunto delito de fraude contra Pensiones Civiles del Estado al cometer el acto conocido como renta de plaza al permitir durante varios meses que una docente no se presente a trabajar y pague de manera directa a una persona para que la cubra y no perder ingresos y beneficios de continuar presentándose a trabajar.
Otra de las denuncias que el personal hace contra la profesora, es incurrir en el presunto delito de robo pues argumentan que durante su gestión sustrajo mobiliario de la escuela argumentando que se dirigía a otra institución pero sin constar al colectivo el paradero de dicho mobiliario, lo que llevó a consecuencias ya que ante el aumento de la matrícula escolar en la escuela derivado de las acciones emprendidas por el colectivo y directivo asignado luego de la separación del cargo de la profesora se tiene un déficit de butacas.
Ante ello, según se expone en la carta emitida, tuvieron que conseguir algunas prestadas por otras instituciones o rehabilitar parcialmente por sus medios algunas consideradas como destruidas o inseguras y utilizando el equipamiento de la biblioteca como mobiliario de aula, a pesar incluso de haber recibido una parte de mobiliario nuevo lo cual es preocupante ya que indica el alto volumen de mobiliario que fue sustraído ilegalmente de la institución.
Pero también se dicen atentados contra el Derecho Universal de Acceso a la Salud al impedir a miembros de la institución asistir a sus tratamientos médicos bajo la pena de sanciones económicas y/o actas administrativas por abandono del cargo ignorando por completo que la situación actual de Pensiones Civiles del Estado no permite la pronta atención por medio de especialistas dentro de Parral, obligando al traslado, principalmente, a la capital del estado en los horarios y fechas designadas por el médico tratante o a decisión personal.
El texto relata que todos los actos anteriormente descritos fueron comunicados a las autoridades educativas y entregadas las evidencias que se tenían, los cuales realizaron respetando las estructuras a las que se atan como trabajadores de la educación, desconociendo ellos porque los departamentos correspondientes alegan no tener evidencias de nada siendo esto algo que levanta gran sospecha en el colectivo escolar.
Pidieron se solucione prontamente y en congruencia con el sentido común y evitar la afectación de la institución al exponer a los alumnos y personal a situaciones tan peligrosas como la suscitada el día de ayer por tomar decisiones erróneas desde un escritorio sin tomar en cuenta todos los efectos de dicha decisión.
El Colectivo de Trabajadores de la Escuela Secundaria Valentín Gómez Farías quienes firman el documento, solicitan la comprensión y apoyo de la ciudadanía, todo en bien de los alumnos, las condiciones laborales y la aportación al desarrollo idóneo de nuestra sociedad.
