Con la participación de los mandos de seguridad de los tres niveles de gobierno, la gobernadora del estado Maru Campos Galván, encabezó en Guadalupe y Calvo la Mesa de Seguridad, con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad y la restitución de la tranquilidad a los habitantes de este municipio serrano.
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Durante este encuentro los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, dieron seguimiento a las estrategias en materia de seguridad que se desarrollan en toda la entidad.
La reunión para la Construcción de la Paz presidida por la Gobernadora del Estado, tuvo como objetivo prioritario reafirmar los acuerdos de coordinación para garantizar la seguridad y la restitución de la tranquilidad en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Todos los presentes coincidieron y se comprometieron a trabajar en conjunto entre las diversas corporaciones, para lograr alcanzar el objetivo de que cada chihuahuense pueda vivir y desarrollarse en paz.
En esta mesa interinstitucional se seguridad participaron los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de la Quinta y la 42 Zona Militar, de la Guardia Nacional delegación Chihuahua y de la Secretaría del Bienestar, entre otros funcionarios.
A través de la realización de estas mesas de seguridad en diferentes zonas de la entidad, se logra definir las estrategias específicas acordes a las necesidades de cada región, con el fin de mejorar los resultados en beneficio de la población.
En el municipio de Guadalupe y Calvo durante los últimos meses se han registrado enfrentamientos armados entre grupos delincuenciales, por lo que fue uno de los temas centrales que se trataron, precisamente con el objetivo de erradicar la violencia en el municipio.
También, otro tema relevante sin duda fue el caso del gran número de desplazamientos forzados en diferentes comunidades y que se han presentado debido a las amenazas de los integrantes de los grupos delincuenciales que tienen presencia en la región.
Este es un grave problema que requiere la atención inmediata de las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que tan solo el año pasado fueron más de 350 personas las que sufrieron desplazamiento forzado en Guadalupe y Calvo, según registros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.