Mal estado de las carreteras de Chihuahua pueden considerarse como un ataque a los derechos humanos de los habitantes de la entidad derivado del derecho a la movilidad, mismo que se encuentra consagrado en la Constitución Mexicana y puede exigirse a través de un amparo, según explicó el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Alejandro Carrasco Talavera, quien además, mencionó que este derecho puede aplicarse en cualquier nivel, desde el municipal hasta el federal, exigiendo a las autoridades correspondientes a realizar una indemnización. No obstante, aclaró que de llegar la Reforma Judicial, esto podría no continuar presentándose, ya que no se podrían interponer amparos que defiendan a la ciudadanía.
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A través de una entrevista exclusiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con esta Casa de Información, se dio a conocer que uno de los derechos con los que cuentan los chihuahuenses es a la movilidad, mismo que consiste en tener carreteras y caminos en buen estado y que, en caso de sufrir algún incidente derivado de su mal estado, las leyes mexicanas los amparan para que las autoridades correspondientes resarzan el daño.
Según explicó el presidente interino de la comisión, Alejandro Carrasco Talavera, el derecho a la movilidad se enfoca en que los tres niveles de Gobierno están obligados moralmente y por ley, a tener carreteras, calles y caminos en buen estado que permita la circulación segura de los habitantes, y que en caso de que esto no sea así, los mismos ciudadanos pueden defenderse e interponer un amparo para obligar a las autoridades a mejorarlos.
En este sentido, añadió que el derecho a la movilidad también es considerado como un "derecho sombrilla", ya que cobija a otros derechos que de él emanan por ejemplo, el derecho a la vida, el cual puede verse afectado en caso de algún accidente en carreteras. Todo lo anterior, según refirió el entrevistado, tiene que ser pagado por el Gobierno que tenga competencia, es decir, puede ser desde el Municipal, Estatal o Federal.
Carrasco Talavera argumentó que los chihuahuenses pueden gozar de este derecho a través de un amparo en el que obligan al Gobierno responsable hacer su trabajo en materia de carreteras, destacando que esto no solo aplica para las de largo alcance, sino también para calles de ciudades, caminos rurales y otros accesos que haya en comunidades y que sean considerados como tal. En dicho amparo, los ciudadanos pueden exigir que los daños sean reparados, desde un vehículo con golpes o afectaciones, o incluso hasta indemnizaciones por golpes o heridas en personas.
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Así pues, manifestó también que el amparo es un recurso que es utilizado en el derecho para obligar a dependencias de Gobierno a realizar sus labores en tiempo y forma, y que en el caso de las carreteras, caminos y calles, las dependencias pueden ser Obras Públicas del Municipio, la Secretaría de Obras y Comunicaciones del Estado y de la Federación.
No obstante, Alejandro Carrasco Talavera consideró que los amparos han sido una opción fehaciente para quienes la solicitan, pues argumentó que comúnmente son aceptadas por los jueces y los afectados reciben algún tipo de indemnización respecto a los daños ocasionados. Sin embargo, lamentó que esto pueda cambiar en un futuro con el ingreso de la Reforma Judicial.
El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos refirió que en caso de aprobarse y entre en vigor la Reforma al Poder Judicial, los amparos podrían dejar ser un aliciente a los problemas de los ciudadanos, pues no habría cómo tramitarlos y escasez de personal capacitado para analizar dichos casos y emitir sentencias a favor.
