Frente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la despenalización del aborto, la Iglesia Católica indicó que la cárcel no es una solución a la problemática de la mujer que aborta, si no que se debe buscar ofrecer los medios necesarios para que las mujeres construyan un proyecto de vida digno; sin embargo, lamentan que la Corte no haya buscado preservar la vida del concebido no nacido así como el de la madre.
Luego de que el día 07 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviera inconstitucional la tipificación del delito de aborto auto procurado o consentido, el cual establecía una pena de uno a tres años a la mujer que voluntariamente abortara o a quien lo practicara con el consentimiento de la misma.
Sobre este tema, la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de un comunicado declararon: “los Obispos de México, habiendo estudiado el contenido de esta resolución y los argumentos expuestos por varios ministros en las sesiones públicas de discusión sostenidas el 6 y 7 de septiembre, creemos que los problemas que enfrentan las mujeres y el estatuto jurídico del concebido no nacido son un tema complejo con aristas antropológicas, científicas, filosóficas y éticas que no es posible reducir a una resolución en un asunto judicial".
Con dolor y consternación, consideramos que es imprescindible que todos los actores sociales fuera de un clima de polarización ideológica y sin apegos a posiciones políticas nos involucremos en una nueva y profunda reflexión que nos permita encontrar un camino común de solución a un problema multidimensional y multifactorial como el que nos ocupa.
"En esta coyuntura de la más alta trascendencia, queremos ofrecer algunas líneas de reflexión que sirvan para orientar la conciencia de todos los fieles y personas de buena voluntad”.
En este sentido los líderes pastorales afirmaron que la Iglesia está a favor de la mujer y del derecho a la vida, ya que la Iglesia como madre que es, conoce las dificultades por las que pasan las mujeres que luchan contra toda forma de discriminación y violencia, en especial el de aquellas que son víctimas de actos criminales o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, desamparo o abandono.
“Ninguna mujer debe verse orillada a tomar la dramática decisión de recurrir a la práctica del aborto, situación que en un gran número de casos deja una profunda secuela de dolor. En este sentido, somos conscientes que la cárcel no es una solución a la problemática de la mujer que aborta y más bien puede ocasionar su revictimización", declaran los Obispos de México.
Es así como la Iglesia refrenda su compromiso decidido con las iniciativas, programas y proyectos que busquen ofrecer los medios necesarios para que las mujeres construyan un proyecto de vida digno, de acuerdo con sus aspiraciones y se involucren en todos los espacios.
“Advertimos con grave preocupación que los razonamientos empleados se sustentan en parámetros de interpretación que bajo la apariencia de progresividad se traducen en la “constitucionalización del derecho a decidir” tal y como lo señala el proyecto de resolución, desconociendo otros bienes jurídicos de igual jerarquía, cuyo valor intrínseco es independiente de las creencias religiosas o convicciones de cada persona".
La ambigüedad del planteamiento, implica indefectiblemente la discriminación del ser humano por razón de su etapa de gestación colocando al concebido no nacido como si fuese un bien jurídico del que se pueda disponer si se encuentra en un “breve período cercano al inicio del proceso de gestación” y dejando al arbitrio de un tercero, si continúa viviendo o no.
Los pastores declararon que en la actualidad se vive en una época de grandes desafíos sociales, así como de patologías sociales más amplias como la visión distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y que fomenta una cultura del descarte, por lo que exige caminar juntos en favor del bien común, de la dignidad humana y de los derechos de todas las personas.
Enfatizan que la resolución merece un renovado compromiso por parte de todos los actores políticos, académicos, de la Iglesia y de organizaciones civiles para garantizar la protección de las mujeres en toda circunstancia, gestando o no, al tiempo que se respete el derecho humano a la vida tanto de la madre como del concebido aún no nacido.