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Familias que no sólo huyen de la violencia, también de la pobreza en la Sierra Tarahumara y se desplazan a ciudades como Parral en busca de mejores oportunidades, se topan con la sobrevivencia entre el hacinamiento y la falta de trabajo. La familia Ramírez dejó atrás su comunidad para integrarse al albergue de San Andrés, donde comparten vivienda con 10 personas tal como estaban en Guachochi, municipio que junto con Guadalupe y Calvo y Batopilas poseen las tasas de hacinamiento más elevadas de la región sur del estado, según cifras del Coneval.
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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), expone que en 17 municipios ubicados en la región sur del estado se calcula que hay 95 mil 233 viviendas habitadas. De este monto de casas ocupadas se calcula que al menos 26 mil 353 familias viven hacinadas, lo que indica que la carencia en este sector del estado se extiende en una de cada cuatro domicilios.
En todos estos hogares sobrepoblados, el promedio de personas por habitación es mayor a dos; esto, según los estudios realizados por la institución encargada de evaluar diversos aspectos de Desarrollo Social.
Además, estudios realizados por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) de Chihuahua exponen que esta problemática en la región sur del estado requiere una inversión de mil 185.93 millones de pesos.
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Este dinero podría utilizarse para construir un cuarto extra de 12 metros cuadrados en cada casa afectada, cuyo valor se estima que ronda los 45 mil pesos de acuerdo con la información de la Coesvi.
Entre los municipios ubicados en la región sur del estado en donde predomina esta situación se enlista a Allende, Balleza, Batopilas, Coronado, El Tule, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Jiménez, López, Matamoros, Morelos, Rosario, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Valle de Zaragoza.
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Por ejemplo, en colonias como Che Guevara, están familias como la de Cristina Garibay, donde habitan hasta 20 personas en una construcción con tres habitaciones, lo que se considera como un caso de hacinamiento extremo de acuerdo con la opinión de Carlos Ulloa Schaefer, consejero de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Parral.
El experto en desarrollo urbano comentó que la problemática de “hacinamiento” se presenta cuando el número de ocupantes de una vivienda, es superior al total de habitaciones disponibles por hogar.
Hacinadas, una de cada dos familias
La problemática de viviendas sobre habitado que afecta a más de 26 mil familias del sur del estado se concentra en casi 14 mil casas. Aunque la problemática se generaliza en todos los municipios, se puede destacar que al menos 1 de cada 2 familias hacinadas pertenece a los municipios de Balleza, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Guachochi.
En el rincón del estado, Guadalupe y Calvo que se ubica a seis horas de Parral es el más afectado de la Sierra Tarahumara con más de 5 mil 477 familias viviendo en estas condiciones de carencia. Esto representa más del 40 por ciento de las viviendas que hay en el municipio.
Cada año cientos de personas llegan a los asentamientos indígenas de San Andrés, Los Venaditos y Carrizos, este sector sale de su lugar de origen en busca de mejoras en su condición de vida; sin embargo, al llegar a ciudades como Parral su estándar de vida no muestra avances.
Además en municipios como Batopilas la problemática afecta a más del 50 por ciento de las poco más de 2 mil 800 que están sobre pobladas de acuerdo con la información referida en los estudios de Coneval.
Ramón Rocha, coordinador de los asentamientos tarahumaras de Parral, indicó que la población que proviene de este sector se muda a Parral por diversos factores entre los que predominan las carencias económicas.
Explicó que cuando un indígena sale de su lugar de origen es en busca de un mejor porvenir y de mayores oportunidades de crecimiento; sin embargo, la realidad que se enfrentan al llegar a Parral se considera como desafiante.
Llegan a la comunidad con más rezago social
En esta condición existen familias como la de Refugio Espinoza, quien salió de la comunidad de Hierbitas, Guadalupe y Calvo, donde compartía cuarto con otras cinco personas, su madres, su abuela y tres de sus tíos.
En entrevista exclusiva narró que se vinieron de las carencias que existen en su lugar de origen con el objetivo de avanzar en su nivel de vida; pero al llegar a Parral las condiciones no cambiaron.
Actualmente viven en el asentamiento San Andrés, la comunidad más afectada por el hacinamiento de acuerdo con la información referida por el organismo de evaluación social.
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El municipio de Parral está conformado por 45 comunidades rurales, de las cuales el asentamiento San Andrés ubicado a 20 minutos del centro es la más afectada por el rezago social en aspectos como vivienda.
Información en estudios oficiales expone que esta comunidad cuenta con 85 viviendas, de las cuales el 100 por ciento presentan la problemática de aglomeración de personas viviendo por habitación.
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Mediante un recorrido se pudo constatar parte del rezago que se vive con calles de terracería, hogares con techos de cartón, paredes de madera y construcciones rudimentarias.
A pesar de que las condiciones de vida permanecen en esta situación, de acuerdo con Ramón Rocha, representante de los asentamientos, es el sitio de llegada de las personas provenientes la Sierra Tarahumara, donde los reciben estas condiciones sociales
Por ejemplo, uno de estos casos como el expuesto por Nidia Bustillos Espinoza, quien detalló que en su casa viven 13 personas habitando en tres cuartos, realidad que consideró como difícil para enfrentar. Aseguró que el acceso a privacidad de todo tipo es complicado, ya que hay tres familias viviendo en la misma casa.
Con pocas palabras, voz baja y una mirada al suelo, comentó que se han acostumbrado a vivir de esta manera ya que desde que tiene recuerdos le ha tocado compartir habitaciones con sus familiares.
¿Por qué prevalece la marginación?
Juan Portillo Días, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en la región sur, explicó que son varios los factores que repercuten en este estancamiento en la movilidad social de este sector.
Aseguró que una de las principales desventajas que enfrenta este sector es la limitante educativa que enfrenta, lo que les impide acceder a empleos de alto valor y de esta manera mejorar sus condiciones de vida.
El visitador de la CEDH comentó que la mayoría de las personas que migran de la Sierra Tarahumara, salen a buscar trabajo en las zonas agrícolas de Jiménez, Cuauhtémoc y Delicias principalmente.
Detalló que en Parral la oferta laboral es limitada para los indígenas que se ven orillados a emplearse en aserraderos o de recolectores de basura donde los ingresos no les permiten contar con un nivel de vida.
Resaltó que existen otros problemas relacionados con la salud, como las adicciones al alcohol y otras sustancias también influyen en el rezago de movilidad social que enfrentan las comunidades.
Argumentó que al no contar con oportunidades laborales, la mayoría no puede acceder a beneficios o créditos para comprar una casa mejorar las condiciones las condiciones de su vivienda.
Guadalupe y Calvo, Parral y Batopilas se quedan fuera del programa "Juntos por tu Vivienda"
Carlos Ulloa Schaefer, consejero de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Parral, consideró que se carece de una estrategia y un plan efectivo de parte de instancias como la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
En este sentido, el experto comentó puntualmente queesta problemática debe de ser atendida por todas las dependencias relacionadas con la protección de sectores vulnerables de la población
Indicó que se deben promover de manera directa o indirectamente desarrollos inmobiliarios que fomentan o facilitan el aumento de fraccionamientos con los espacios básicos necesarios para la familia promedio del país.
El consejero del AMPI destacó que se desincentiva la construcción y desarrollos de viviendas en el sector privado debido a cuestiones burocráticas o de falta de instrumentos de planeación.
Expuso que el hacinamiento no sólo es un problema social, sino que tiene repercusiones de salud, además de que ha perdido el interés de concientizar a la población de este tipo de problemática.
A pesar de que en Chihuahua se han aplicado programas como “Juntos por tu Vivienda”, se destaca que el municipio más afectado por la sobrepoblación de personas por habitación se quedó fuera de las acciones.
Entre la lista de los 21 municipios (Aldama, Bachíniva, Bocoyna, Casas Grandes, Coronado, Chínipas, Guachochi, Guadalupe Distrito Bravos, Ignacio Zaragoza, Janos, Julimes, Madera, Maguarichi, Meoqui, Ojinaga, Riva Palacio, Rosales, San Francisco de Conchos, Satevó, Temósachi y Uruachi), donde se dispersó este recurso no se contempló a los municipios donde la problemática se concentra.
En 2023 municipios como Parral, Balleza, Guadalupe y Calvo y Batopilas no entraron dentro del campo de acción del Gobierno del Estado, a pesar de que suman la mitad de la estadística de 26 mil viviendas que permanecen sobrepobladas en la región sur.
Por otra parte, para este 2024 se tiene contemplado el programa Infraestructura Social a la Población Indígena 2024. En el portal de Gobierno se expone que esta acción busca contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Este programa lo emplea la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, se dirigirá a personas que habitan en la región serrana, en zonas de atención prioritaria rurales, que carecen de vivienda mejorada. La información pública refiere que se asignará un presupuesto para atender la problemática que afecta a mil 200 personas indígenas.
El objetivo general de esta acción es “contribuir a que la población indígena en el estado de Chihuahua acceda a apoyos de infraestructura social, que coadyuven a mejorar su bienestar y las condiciones de vida de la población indígena”.
Para ello, se pondrán en marcha obras y recursos enfocados al crecimiento y avance de las comunidades indígenas, mediante los trabajos coordinados con entidades públicas, civiles y/o privadas.
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