“Estamos trabajando en el listado de las personas víctimas de desplazamiento forzado y casos de desaparición de la región sur para conocer cuáles son sus necesidades”, así lo expresó el titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común en la ciudad de Parral, Salvador Calderón, quien además comentó que tras la reunión efectuada con el Fiscal General del Estado de Chihuahua con las víctimas de estos delitos, se acordó la integración de la citada lista para posteriormente la integración proyectos sociales que los ayuden a la reparación del daño integral.
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Luego de que víctimas de desplazamiento forzado y casos de desaparición que integran los Colectivos 10 de octubre y Nuevo Amanecer informaran que no han tenido respuesta de las autoridades tras efectuarse una reunión el pasado 23 de febrero en donde se acordó con las autoridades estatales encabezadas por el Fiscal General del Estado, César Jáuregui, la integración a proyectos sociales, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Bien Común, Salvador Calderón informó sobre las acciones que se están desarrollando.
Explicó que actualmente se encuentran trabajando en la relación de las personas para atender dichas problemáticas que afectan a estas familias de la región sur. “Estamos con el listado de las víctimas para darle seguimiento a los casos”.
Detalló que a través de la oficina local estarán dando el seguimiento correspondiente para posteriormente atender las necesidades que presentan las víctimas de desplazamiento y los casos de personas desaparecidas.
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Cabe que la reunión se efectuó el pasado 23 de febrero en las instalaciones del edificio de gobierno ubicado en la zona céntrica, en donde las personas que integran los colectivos expusieron ante las autoridades sus exigencias al acceso a la justicia, protección, esclarecimiento de casos y localización de personas desaparecida.
También solicitaron la integración a proyectos sociales para el acceso a viviendas, salud y alimentación como una reparación integral del daño.
En el sitio se constituyeron más de 50 personas para manifestar sus principales necesidades tras haber sufrido algún daño o violaciones a sus derechos humanos producto de la comisión de un delito, como privaciones de la libertad, asesinatos, casos de desplazamiento forzado.