Ante la controversia constitucional que emitieron el alcalde de Parral, César Peña y el diputado local Francisco Sánchez, mediante un comunicado señalaron que ésta se presentó ya que deja desamparados a los menores en el acceso a la vacuna Covid-19, además es una acción anticonstitucional del monopolio de Gobierno Federal, ya que violenta el artículo cuarto del derecho a la salud, según la controversia.
Ricardo Sánchez, vocero de Presidencia Municipal mediante un comunicado indicó que la Controversia Constitucional que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia es con motivo de la monopolización que ha realizado el Gobierno Federal respecto a las vacunas contra el Covid-19, la cual, a través de la Política Nacional de Vacunación, ha dejado sin intervención a los gobiernos locales y municipales, a pesar de encontrarnos en un momento decisivo ante la pandemia.
Señaló que a diferencia de la vacunación universal, la que todos conocemos, la vacunación contra la Covid-19, se ha convertido en un escaparate para el Gobierno Federal; sin embargo, el único resultado que produce es un proceso lento, tardado e ineficaz para inmunizar a la población mexicana.
Lo anterior se recrudece cuando se trata de menores de edad, el Gobierno Federal ha dejado desamparados a las niñas, niños y adolescentes; a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la inmunización en menores de edad a partir de los cinco años. En México, tenemos un grave retraso que está poniendo en un peligro constante e inminente a nuestros menores de edad, ante el eventual regreso a clases y el peligro de contagio, se menciona “No podemos permitir que la vacunación siga sin llegar a quienes mayor riesgo corren”.
Se informó que desde hace un año estamos padeciendo la improvisación del Gobierno Federal respecto a las vacunas contra el Covid-19, hemos visto como se han utilizado para centralizar, e incluso, militarizar el proceso de inmunización. La salud pública de México está en riesgo ante este acaparamiento, el objetivo de la controversia es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la Política Nacional de Vacunación y permita a los gobiernos locales adquirir y aplicar la vacuna contra el Coronavirus.
Además, se considera inconstitucional porque violenta el derecho a la protección de la salud, contemplado en el artículo 4º Constitucional, el Gobierno Federal está siendo omiso porque está incumpliendo con su obligación de prevenir y tratar enfermedades epidémicas, así como inmunizar universalmente a la población, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el artículo 10 del Pacto de San Salvador, pedimos que se permita que los gobiernos locales y municipales puedan intervenir en el proceso de adquisición, suministro y aplicación de las vacunas contra el Covid-19.