Concentra Parral el 86 por ciento de las 61 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones alimenticias en la región sur en lo que va del año, además de que fue durante el mes de enero cuando se presentaron el mayor número de denuncias al registrarse 13 casos, esto según datos de la Fiscalía Especializada de la Mujer, cuya titular Wendy Chávez, informó que injustificadamente los deudores dejaron de satisfacer obligaciones alimentarias, no suministrando los recursos necesarios para que subsistan sus hijos menores de edad.
A través de la estadística proporcionada por la Fiscalía Especializada de la Mujer, encabezada por Wendy Chávez, se informó que el municipio de Parral concentra el 86 por ciento de las 61 denuncias por incumplimiento de obligación alimentaria en la región sur en lo que va del presente año.
Lo anterior es debido a que durante este periodo se han iniciado 53 carpetas de investigación por el referido delito, siendo en el mes de enero en el que se registraron más casos al presentarse 13, y 10 en febrero.
De igual forma, en el mes de marzo se presentaron once; en abril nueve y en mayo diez, por lo que las víctimas acudieron ante la autoridad a cargo para el seguimiento correspondiente en cada uno de sus casos.
Es de resaltar que dentro de esta estadística también se encuentra el municipio de Guachochi, el cual cuenta con 8 carpetas de investigación en el mismo periodo, siendo dos en enero y febrero respectivamente.
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En tanto en marzo únicamente se presentó un caso y en abril tres, en lo que respecta al mes de mayo no fueron interpuestas denuncias referentes a este delito.
La Fiscalía Especializada de la Mujer, abrió los procesos legales en contra de los presuntos deudores que dejaron de satisfacer obligaciones alimentarias, no suministrando los recursos necesarios para que subsistan sus hijos menores de edad.
Cabe señalar que el Artículo 188 del Código Penal del Estado, establece una pena de prisión de seis meses a cuatro años, para; “Quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos”.
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De igual forma se detalla que la comisión de este delito, tiene como consecuencia el pago de las cantidades que no fueron suministradas oportunamente y la suspensión hasta por un año de derechos familiares.