Elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se apostaron en la Presidencia Municipal de San Francisco del Oro con una orden de cateo para implementar un operativo al interior de las oficinas en busca de evidencias ante una carpeta de investigación que siguen contra el alcalde Arturo Huerta Luevano, a quien se le acusa del presunto delito de Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades.
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Fue al filo de las 09:00 horas cuando los agentes llegaron al municipio para implementar el operativo, ya que justo sería hoy cuando nuevamente se daría apertura a las oficinas luego de que estas permanecieran cerradas casi un mes por una huelga ante la falta de pagos.
En al menos cuatro unidades, el personal de la Fiscalía Anticorrupción ingresó a las oficinas primeramente del alcalde Arturo Huerta, a quien se le acusa del delito del presunto delito de Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades.
Al interior de las dependencias donde también se mantiene el operativo se encuentra la Tesorera Municipal y el Oficial Mayor, quienes servirán como testigos de la intervención que se realizó durante la mañana de este miércoles en que se daría reapertura a las oficinas después de la huelga de casi un mes.
Fue el pasado 25 de junio cuando la Fiscalía Anticorrupción dijo que mantenía abierta una carpeta de investigación en contra del presidente municipal de San Francisco del Oro, Arturo Huerta Luevano, a quien se le acusa del delito de Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades.
En este sentido, por medio del departamento de Comunicación Social, la FACH informó que tenía muy avanzada la carpeta de investigación en contra del alcalde de San Francisco Del Oro. Lo anterior, producto de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado, por el presunto delito de uso ilegal de facultades y atribuciones.
“Pronto se tendrán noticias al respecto por esta representación social, encargada de investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción”, informó la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.
Asimismo, trascendió que, dentro de la carpeta de investigación, el señalamiento de la ASE refiere a la contratación de un crédito cercano a los 6 millones de pesos, ya que dicho financiamiento al no ser pagado de manera puntual, generó intereses en su totalidad por alrededor de 13 millones de pesos, afectando de manera significativa las arcas municipales, al grado de que no hubo recursos para pagar a los empleados.
