El abogado Manuel Jurado Torres, interpuso una demanda de amparo el pasado mes de abril para que se intervenga la Vía Corta a Parral, solicitando una suspensión provisional que ordena a la Federación a gestionar la reparación de dicho tramo carretero.
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Según explicó, se optó por solicitar la suspensión porque esa orden que se dicta es provisional en lo que se tramita el juicio; entonces, previendo que el Gobierno Federal opondría resistencia, era importante tener la suspensión ya que no importa qué tanto dure el juicio tramitándose y en cuanto tiempo dictan sentencia, porque se cuenta con esa orden provisional que les ordena a intervenir.
“Lo que nosotros tenemos actualmente es la suspensión con la que están obligados a arreglarla. Pero esta lucha jurídica no ha sido fácil porque el juzgado nos negó la suspensión, por lo que me tuve que ir a un recurso, y los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa concedieron la suspensión provisional el 3 de mayo”, comentó.
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Ante esto, las autoridades están obligadas a gestionar la reparación de dicha carretera desde inicios de mayo, destacó el abogado, quien explicó que cumplir la suspensión no es de manera inmediata porque se debe asignar una partida presupuestal y desarrollar licitaciones.
Recordó que se han dado reparaciones en ciertos tramos, pero que no es con la calidad que desean los ciudadanos, motivo por el cual otras personas más, además del gobierno de Parral, se han interesado en interponer amparos de este tipo para hacer mayor presión.
En esta demanda de amparo se explotó un tema novedoso que es el derecho a una buena administración pública, que también se le llama Buen Gobierno, que dice que los servidores públicos están sujetos a ciertos principios, a actuar con profesionalismo, con responsabilidad, ética y trasparencia, a ser eficaces.
Aparte, la Constitución establece que el gasto público tiene ciertos principios, y uno de los que más se destaca en la demanda es el de equidad e imparcialidad en el ejercicio del gasto público; además, si los servidores públicos realizan un trabajo deficiente –al estar sujetos a un régimen de responsabilidades-, si un particular sufre un daño por esa actividad deficiente, las personas pueden reclamar una indemnización.
“Si interpretamos todo esto, nos da un derecho a un Buen Gobierno, a que los servidores públicos hagan bien su trabajo, y que el recurso público se administre bien. El servicio al Buen Gobierno implica también que los servicios públicos sean de calidad, pero la carretera está en pésimas condiciones y eso nos expone a accidentes, daño de patrimonios y pone en riesgo la vida”, declaró el abogado.
Asimismo, las malas condiciones de la carretera afectan el desarrollo económico, social, cultural, turístico y educativo de toda la región Sur, impactando en más de 165 mil personas solamente contemplando la población de las cabeceras municipales de la zona; argumentos que se hicieron valer en el amparo.
Nota publicada originalmente en El Heraldo de Chihuahua