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El Gobierno de la República ha roto toda interlocución con el Gobierno del Estado de Chihuahua y los agricultores de la región centro-sur, para buscar una solución en torno al agua de las presas, además de que no ayuda en nada la narrativa presidencial sobre el conflicto, señaló el gobernador Javier Corral.
Lejos de buscar un arreglo, dijo el mandatario estatal, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha abonado a la irritación de los agricultores, a quienes ha comparado incluso, con delincuentes y ha involucrado a la Unidad de Inteligencia Financiera como un instrumento de presión e intimidación.
“Se le está obligando a esta Unidad a generar procedimientos sin sustento, sin asidero”, señaló Javier Corral, al ser abordado sobre el manejo del Gobierno Federal en torno al conflicto por el agua.
“Me parece muy delicado que los instrumentos tan estratégicos en el combate a la corrupción, se utilicen con ánimo intimidatorio. Eso lo hacen los regímenes autoritarios, los regímenes dictatoriales”, afirmó.
El titular del Ejecutivo añadió que la inmensa mayoría de los productores que participan en este movimiento, no son los grandes agricultores, como dice el propio Presidente, toda vez que el 60 por ciento de las concesiones de agua de las presas es para ejidatarios y el 40 por ciento, son pequeños propietarios, que cuentan con una superficie promedio de 5 hectáreas.
Agregó que la información que recibe el Presidente no es la correcta, pues desde que inició el conflicto sólo se ha tenido una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), que ocurrió el 3 de diciembre del año pasado, cuando él afirma que han sido “muchísimas”.
Consideró que Gobernación nunca ha existido para este tema, incluso, los agricultores y productores debieron esperar seis meses para tener contacto con las autoridades federales, porque no quieren hablar con ellos, pues la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que ha pretendido es echar al Gobierno del Estado toda la responsabilidad sobre el tema.
Reiteró que por parte del Ejecutivo estatal, se ha ofrecido colaboración para generar las condiciones de diálogo y de encuentro, pero al día de hoy, la Federación canceló todo tipo de interlocución y suspendió las mesas de trabajo porque están empeñados en su versión única de las cosas.
Javier Corral rechazó la intención que Conagua tiene, de trasvasar agua de Las Vírgenes y La Boquilla, para tenerla almacenada en el Granero y seguir extrayendo después del 24 de octubre, fecha límite para el pago al Tratado.
Insistió que la problemática tiene que ver precisamente con una mala administración de las presas, tanto nacionales como internacionales, donde hay omisiones graves de funcionarios de Conagua que en 2015 no abonaron nada al Tratado, cuando había presas al 100 por ciento de su capacidad, además de su falta de actuación ante el robo que persiste en la cuenca del río Conchos.
El gobernador destacó que nunca ha dejado de reconocer que hay una politización del tema, con actores de todos los partidos, que han tenido posturas más políticas que técnicas y que detrás de algunos de los manifestantes puede haber el interés de quienes están aprovechándose irregularmente del agua.
“Pero he dicho que la mayoría de quienes reclaman, se manifiestan, están preocupados por el almacenamiento y la capacidad de reserva de las presas para el próximo ciclo agrícola, porque no nos ha llovido como esperábamos”, aclaró.
Pidió además que se reconozca que Chihuahua, con lo que falta por extraer de Las Vírgenes, en este quinquenio ha aportado el 42 por ciento del pago al Tratado, que es mucho más del 38 por ciento que había aportado en años anteriores.
