En un intento por conseguir se le cambiara la medida de prisión preventiva de una de las ocho causas penales que enfrenta, Antonio Enrique T. G., exdirector de compras del gobierno de César Duarte, se presentó ante un juez penal, quien se negó a modificarle la medida cautelar.

El exfuncionario, en conjunto con el entonces director de la Secretaría de Hacienda, Gerardo V. M., acordaron desviar la cantidad de 50 millones de pesos con ayuda de una empresa denominada “Centro de Acción Empresarial Altea SA de CV”, que supuestamente daría asesorías en materia de comunicación al Gobierno del Estado.

La causa penal 2299/2017 establece que el 19 de mayo de 2016 se firmó el contrato SH/AD/005, sin embargo, el gobierno de Javier Corral acreditó que nunca se prestaron los servicios que por conceptos de comunicación social “contrató” la anterior administración e incluso en la factura expedida no aparecen los datos fiscales de la empresa, los cuales fueron borrados intencionalmente.

Acerca de la eliminación de los datos, se ha establecido que se realizaron para evitar frenar las indagatorias posteriores, esto semanas antes de entregar el poder a la administración entrante.