Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, se acogió a su derecho constitucional y solicitó la duplicidad del término, 144 horas, para que el juez determine su situación jurídica, en el marco de la causa penal 237/23.
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Lo anterior en la audiencia de imputación llevada a cabo el día de hoy en esta frontera, misma que dio inició a las 9:15 horas y concluyó alrededor de las 15:30 horas.
El juez dictó como medida cautelar que Garduño se presente a las instalaciones del Centro Consejo de la Judicatura Federal cada 15 días, específicamente los días martes, para firmar el libro de registros de dicho consejo como señal de que sigue atento al proceso que se sigue en su contra.
El Ministerio Publico de la Federación solicitó además como medidas cautelares que se le retirara el pasaporte al funcionario federal ya que hay indicios de que pudiera sustraerse de la acción de la Justicia y salir del país, además que se le separará de su cargo como funcionario federal.
La defensa argumento en contra y señalo que su representado se ha presentado voluntariamente a lo largo de todo el proceso y que sus salidas del país han sido motivadas por su propio encargo.
En relación a ser separado del cargo, la defensa alego que su representado, como cualquier mexicano, tiene derecho al trabajo honrado, ademas que sus 40 años como servidor público han sido intachables y retirarlo del encargo hubiera sido algo muy excesivo.
El juez, Victor Mario Hernández Calderón, determinó no retirarle su pasaporte ni tampoco separarlo del cargo ya que el delito que se le trata de imputar no amerita esas medidas cautelares.
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En el caso de Garduño Yañez el único delito que se le trata de imputar es el relativo a ejercicio indebido de la función publica, dejando el MPF de lado la acusación por homicidio y la de lesiones.
A lo largo de la audiencia de imputación, el Ministerio Público Federal, presentoó pruebas para acreditar lo inseguro que era la estación temporal migratoria ubicada en las inmediaciones del puente internacional Reforma y en el cual se desarrollaron lo hechos que generaron la tragedia en la que murieron 40 migrantes y 27 más resultaron heridos.
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Luego de la reanudación tras el primer receso concedido por el juez, el grupo de Fiscales integrantes de Unidad de investigación de delitos para personas migrantes – UIDPM y dependiente de la Fiscalía General de República, arremetieron contra el indiciado, presentando manuales de procedimientos del INM de los cuales se desprende que el Comisionado Nacional de Migración Francisco Garduño debería esta enterado de las condiciones en que se encontraba la estación temporal migratoria donde ocurrieron los hechos del pasado 27 de marzo.
Además de la documentación propia de la dependencia, los fiscales presentaron dictámenes relativos al estado que guardaban las instalaciones previas al incendio, dichos dictámenes fueron hechos por peritos de Protección Civil y por peritos de la misma FGR .
En los dictámenes de protección civil señalados, se indica que el inmueble en que se dieron los hechos tenia 3 puertas; a saber, una de acceso y dos de salida.
La negligencia cometida por los directivos del INM, tanto de Juárez como a nivel nacional, se registró en el hecho de que una de las puertas de salida estaba soldada y era imposible abrirla; la otra estaba tapada por otra puerta de madera, por lo que la misma no podía verse a simple vista.
Lo anterior de acuerdo a la propia representación social, deja claro la negligencia de la autoridad responsable del resguardo de las personas migrantes.
Se reiteró por parte del ministerio público que de acuerdo a testigos del lugar de los hechos y del propio cuerpo de bomberos, nadie les llamo a los mismos para atender el incendio, sino que; debido a la cercanía con la estación de bomberos estos se percataron del humo y acudieron a brindar auxilio.
También se desprendió del contenido de los videos y del testimonio vertido por los testigos de los hechos, que la inquietud de los migrantes se dio desde el momento en que se sirvió la cena a los migrantes, pues varios venezolanos dejaron sin comida a otros de los detenidos, causando el enfado de estos y generando luego el descontento que termina con el incendio de las colchonetas.
Adicionalmente, los fiscales señalaron que existe un oficio en el cual se advierte a las autoridades superiores de migración que se estaba presentando la venta de cigarros y encendedores en la estación migratoria referida. Se menciono también por parte del MP federal que se daban actos de corrupción consistentes en que se cobraban hasta mil dólares por dejar salir a algún migrante de la estación migratoria siniestrada.
La fiscalía dijo contar con el testimonio de 13 personas que estuvieron presentes el día de los hechos y con los cuales puede trabajarse una reconstrucción de los hechos.
La siguiente audiencia, en la que se conocerá la situación legal del imputado, se llevara a cabo el próximo domingo 30 de Abril a las 11:00 horas en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación de esta frontera.
Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez
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