Inician carpeta de investigación en contra de personal militar del 76 Batallón de Infantería por el probable delito de lesiones y abuso de autoridad. De corroborarse dichos actos, el o los elementos podrían alcanzar una pena de uno a ocho años de prisión.
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Luego que el miércoles elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con destacamento en el 76 Batallón de Infantería, cometieran un acto de agresión en contra de un civil por el hecho de que se le adjudicaba de laborar como puntero (halcón), la persona afectada levantó una denuncia contra los castrenses por abuso de autoridad y está en procedimiento.
Comentaron fuentes internas de la PGR, la carpeta de investigación está abierta desde el jueves 14 de mayo, por probables delitos de lesiones y abuso de autoridad.
Según la denuncia, señala que la tarde del miércoles 13 de mayo dos camionetas pick-up con militares le dieron alcance cuando iba a cargar combustible en una gasolinera de la salida a Villa Matamoros, a un costado del cerco sanitario.
Indicó que fueron elementos castrenses los que le adjudicaban ser “monitor” o “puntero”, mejor conocido como “halcón” –encargados de pasar información a grupos criminales- y mientras lo interrogaban uno, al parecer de alto rango militar, apuntó un rifle de postas hacia su persona y jaló del gatillo provocándole una herida en el pecho, por fortuna se trataba de un arma de postas.
Al no poder corroborar los señalamientos, los militares dieron marcha atrás y lo dejaron ir sin ofrecer ayuda ni disponerse a auxiliarlo con la herida producida.
Estos actos, según el Código Penal Federal, en el título décimo –delitos cometidos por servidores públicos, en el capítulo III –abuso de autoridad-, artículo 215, fracción II se declara abuso de autoridad; cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare.
De demostrarse estos actos de abuso de autoridad, el o los involucrados podrían alcanzar una pena de uno y hasta ocho años de prisión, de 50 a 300 días de multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Habrá que esperar a que sean las autoridades de la Agencia Estatal de Investigación las que recaben más datos y pruebas en contra de los señalados –en esta ocasión las autoridades militares-, a fin de confirmar o descartar que hayan cometido estos actos.