Luego de que el viernes pasado se aprobaran tres ordenamientos secundarios en materia educativa, la diputada federal por el Noveno Distrito destacó que se encuentran en desacuerdo con esta situación, ya que los proyectos aprobados colocan al Secretario de Educación Pública como jefe de sus pares en los estados, lo cual es absurdo y violenta la división de poderes, además de que elimina la evaluación diagnóstica, entre otros, por lo que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La legisladora por el Noveno Distrito Federal, Profesora Ángeles Gutiérrez Valdez, destacó que la bancada de Acción Nacional recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la intensa Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados del jueves pasado, que culminó hasta el amanecer del viernes con la aprobación, por parte de MORENA y sus partidos aliados, de tres ordenamientos secundarios en materia educativa
Destacó que los diputados del Partido Acción Nacional denunciaron un cúmulo de errores de contenido que vulnera el texto de la Constitución Política, así como las faltas en el procedimiento legislativo. Sin embargo, MORENA y sus aliados no tomaron en consideración ninguna de las propuestas presentadas.
En este sentido, expresó que se trata de la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, y la Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación que como quedaron votadas por el Pleno, le da la espalda a los educandos, y provocará retrocesos lamentables, ya que se establecen disposiciones a modo para un grupúsculo sindical, en detrimento del derecho a la educación de 32 millones de mexicanos inscritos en los niveles educativos básico, medio superior y superior.
Expresó que en la bancada del PAN, vieron que los proyectos aprobados tienen un espíritu corporativista que atenta contra la rectoría del Estado, fomenta la discrecionalidad y la corrupción y agregó que a MORENA y a sus aliados les urgía aprobarlo, con tanta prisa que incluso el plazo otorgado a las entidades federativas para la armonización de sus leyes no coincide con la reforma constitucional.
Los proyectos de ley aprobados son redundantes, confusos, contradictorios, centralistas y atentan contra el federalismo educativo. Dijo que colocan al Secretario de Educación Pública como jefe de sus pares en los estados, lo cual es absurdo y violenta la división de poderes.
De manera particular, comentaron que se desmantela el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, evadiendo la obligación del Estado de garantizar la seguridad en las escuelas y delegando la responsabilidad de la construcción a padres de familia, docentes y alumnos, con el riesgo de incurrir en errores graves y fatales al hacerlo por la vía de la autoconstrucción.
La Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es ambigua pues otorga a la SEP federal atribuciones discrecionales para decidir sobre los procesos de selección, promueve la opacidad, los acuerdos discrecionales y viola los principios establecidos en la Constitución Política.
En este mismo proyecto se propone otorgar pase automático de las normales al Sistema para la Carrera, sin que medie una evaluación general, violando la transparencia e imparcialidad de los procesos de selección y demeritando las evaluaciones diagnósticas, como instrumentos para apoyar la profesionalización de los docentes a fin de cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.
La Ley Reglamentaria del Artículo 3° en materia de Mejora Continua de la Educación no respeta el diseño institucional mandatado en la Constitución Política, elimina la evaluación diagnóstica y regula deficientemente el Sistema Integral de formación, capacitación y actualización. No se entiende cuál es la función del organismo y se interviene de manera arbitraria en su organización y funcionamiento, atentando contra su autonomía.
El proyecto de los tres dictámenes se redactó fuera de San Lázaro con la intromisión del Ejecutivo Federal. Por lo cual los diputados panistas integrantes de la Comisión de Educación, Marcela Torres Peimbert, Alfonso Robledo Leal, Isabel Guerra Villarreal, Annia Sarahí Gómez Cárdenas y Felipe Fernando Macías Olvera coincidieron en que tras lo aprobado en la Cámara de Diputados, no se consideró el impacto presupuestal y se desconoce cómo se garantizará la educación inicial y superior sin destinar recursos adicionales.
