Implementan operativo de búsqueda por desaparición forzada de tres personas

Despliegan operativo de búsqueda en el municipio de Jiménez. La intervención se realizó en un rancho ubicado en la carretera libre Jiménez – Camargo, con el fin de encontrar indicios relacionados al caso Alvarado Espinoza, que involucra la desaparición forzada de tres personas en el 2009 y la cual, continúa sin esclarecer.

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El 28 de noviembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o “la Corte”) dictó sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del estado mexicano por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, en el contexto de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua y la lucha contra el crimen organizado en México con la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana en el 2009.

Ante esto, la Comisión de Búsqueda de Chihuahua, con la presencia de la Comisionada Nacional, Karla Quintana desplegó un nuevo operativo de búsqueda relacionado con el caso. La intervención se realizó en un rancho ubicado en la carretera libre Jiménez - Camargo, donde se desplegaron actividades para encontrar señas relacionadas con éste y otros casos estatales.

Dentro de los trabajos, se inspeccionó una bodega de aproximadamente 640 metros cuadrados con el equipo de georradar para descartar posibles irregularidades en el subsuelo.

En el lugar, se aseguraron cinco elementos balísticos de diversos calibres que fueron embalados para su posterior análisis en los laboratorios forenses.

Posteriormente la Comisión, coordinó las actividades de rastreo terrestre, en las que se detectaron algunas irregularidades en el terreno, por lo que se cavaron tres pozos de sondeo que fueron inspeccionados por un perro entrenado.

De forma simultánea, Ministerios Públicos y elementos de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Sur siguieron diligencias de investigación relacionadas con casos registrados en la zona.

En el operativo, se realizó un rastreo aéreo con drones de la Guardia Nacional de la División de Investigación para ubicar posibles puntos de interés que serán analizados con posterioridad.

Las actividades se concluyeron con resultados negativos sobre la presencia de fosas clandestinas dentro del perímetro analizado, sin embargo, se ampliará como parte del seguimiento a las actividades.

En el operativo contó con la presencia de familiares de las víctimas quienes estuvieron acompañadas por personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como la organización que representa legalmente del caso.

Lo ocurrido

De acuerdo a las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos, el 29 de diciembre de 2009 aproximadamente entre las 8:00 y 9:00 de la noche, José Ángel y Nitza Paola Alvarado Espinoza se encontraban a bordo de una camioneta estacionada en las afueras de la casa de la suegra del primero en mención, en el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, cuando fueron detenidos por alrededor de 8 y 10 personas que portaban uniformes militares.

Agregaron que estos últimos, les obligaron a abordar una de las camionetas particulares en que arribaron y en la que huyeron con rumbo desconocido. Momentos después, cerca de las 9:00 o 10:00 de la noche, la misma cantidad de sujetos, con mismas características arribaron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyes, ubicado también en el Ejido, en donde se encontraba acompañada de sus dos hermanos y de su hija, todos menores de edad, además de su madre, Patricia Reyes Rueda, y tras detenerla la obligaron a abordar un vehículo que se retiró del lugar.

A partir de que sucedieron los hechos, no se tiene noticia del destino o paradero de su paradero, a pesar de que se verificaron distintas acciones de búsqueda realizadas por los familiares y algunas autoridades, de donde se desprendieron diversos indicios sobre la participación de agentes estatales.

Se iniciaron al menos 13 procedimientos de investigación, siete procedimientos judiciales y dos procedimientos administrativos; no obstante, a la fecha aún se desconoce su ubicación, así como no se han esclarecido los hechos, ni sancionado a los responsables.

Cabe destacar que el caso fue turnado a la jurisdicción militar por un periodo de casi dos años, entre otras obstaculizaciones y fragmentaciones que se presentaron en las investigaciones, además, con posterioridad a lo ocurrido, se efectuaron distintos actos de hostigamiento o amenazas en perjuicio de algunos de los familiares, quienes se vieron en la necesidad de desplazarse de su lugar de origen; todo ello en el marco de protección de Medidas Provisionales adoptadas por la Corte IDH desde el año 2010.