Ciudad Juárez, Chih.- La administración municipal de Armando Cabada Alvídrez se encamina a su cierre, con una serie de observaciones no solventadas en las cuentas públicas que le han sido auditadas: la de 2018 y de 2019.
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Han culpado incluso al Covid-19 para tratar de justificar sus irregularidades.
En el informe individual de la cuenta de 2019, del municipio de Juárez, dada a conocer por la Auditoría Superior del Estado (ASE), se encuentran un total de 25 observaciones, de las cuales se recomienda que se hagan dos denuncias de hechos por posible comisión de delitos.
Además se recomiendan dos promociones de responsabilidades administrativas y se pide realizar seis informes de responsabilidades administrativas, a la vez que se hacen 13 recomendaciones de temas varios.
La ASE publicó en su página de internet www.auditoriachihuahua.gob.mx los 61 Informes Individuales que conforman la primera entrega de resultados por la fiscalización de las cuentas públicas del Ejercicio Fiscal 2019, que durante el pasado mes de diciembre presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Chihuahua.
De acuerdo al informe correspondiente al municipio de Juárez, hay dos casos emblemáticos, por los cuales se pide la acción penal.
Uno de ellos es el de la contratación de la persona moral denominada Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret, S.C., la cual no se justificó, además de que no demostró haber realizado las tareas por las cuales se le pagaron 2 millones 923 mil 464 pesos con 19 centavos.
Se celebró el contrato N° DCA/TM/151/2019 el día 13 de agosto de 2019, con el objeto de “prestación de servicio de recuperación de I.S.R. (Impuesto sobre la Renta)”, ya que el Municipio argumentó no contar con la capacidad de realizar dicha actividad con sus empleados.
Afirmó ante la ASE, que “con motivo del volumen de timbrados de nómina que esta entidad realiza, el cual asciende a más de 30 mil timbres por mes, es que esta administración no tiene la capacidad para llevar a cabo la regularización de periodos anteriores”.
Para llevar a cabo dicha tarea se requiere contar con un software especializado con el que no se cuenta y que es improcedente adquirir; por tal motivo se llevó a cabo la contratación de los servicios en menciónexplicó la administración de Cabada Alvídrez.
La ASE refirió que según la Ley de Coordinación Fiscal, “no es necesario que se realice solicitud o trámite adicional alguno, para que sean entregados dichos recursos de manera automática y sin generar en ningún caso costo alguno para las entidades o sus municipios; adhesión, autorización o registro a empresas, despachos o algún otro tipo de organismo privado que ofrezca servicios para le realización de dichos trámites”, ya que se cuenta con un departamento encargado de nóminas y timbrados de las mismas, por lo cual se consideró improcedente el contrato.
Por si fuera poco, al realizar la auditoría, no se encontró evidencia de que dicha empresa Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret, S.C. haya realizado el trabajo por el cual se le pagó el recurso millonario.
En oficio que le enviaron a la ASE, el Municipio dijo que no realizaron parte de las tareas, “debido a la contingencia mundial del Covid-19”.
“No obstante la postergación de dicha transferencia de conocimiento no interfiere con el pago de los servicios, mismo que se encuentran por contrato condicionados a la recuperación de ISR Participable”, es decir argumentaron que de todas formas estaban obligados a pagarle a la empresa, pese a que no hubieran brindado cierta capacitación.
Otras de las irregularidades documentadas en el informe, relativo a la Cuenta Pública 2019 de Juárez, refiere que se pagó un importe de 33 millones 510 mil 632 pesos con 16 centavos, correspondiente a “prestación de servicios profesionales consistentes en la recuperación por adeudos de Impuesto Predial y sus accesorios y de adeudos por multas, estatales y municipales y sus accesorios”.
Debido a que el Municipio tiene personal para realizar dichas tareas, no se justificaba la contratación de una empresa denominada Castro Villarreal Asociados, S.C., bajo el contrato abierto N° DCA/TM/006/2018 del 21 de septiembre de 2018.
Dicho contrato cuenta con una vigencia del 1 de octubre del 2018 al 09 de septiembre de 2021.
La ASE refiere que se promueve una denuncia de hechos ante la autoridad competente, para que se realice la investigación por la posible comisión de hechos delictivos, a los servidores públicos, que en su gestión, participaron en la contratación de servicios profesionales en la recuperación por adeudos impuesto predial y sus accesorios.
LA CUENTA DE 2018, PEOR
Apenas hace unos meses, El Heraldo de Juárez publicó que la cuenta pública de 2018 del municipio de Juárez tuvo 187 observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), de las cuales 140 no fueron solventadas, lo que significa que no fue aclarada la utilización de 947 millones de pesos.
Según el Plan Estratégico de Juárez (PEJ) Asociación Civil, el trabajo técnico de dicho órgano estatal fue desestimado, ya que la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Chihuahua y el pleno en general terminaron privilegiando criterios políticos, ya que aprobaron la cuenta como si estuviera completamente limpia, pese a las irregularidades detectadas.
