Se han detectado más de 130 familias de la Sierra Tarahumara de Chihuahua que son víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia que se genera por el crimen organizado; en Guadalupe y Calvo, Guachochi, Nonoava, Balleza, Batopilas y otras localidades se tienen “zonas calientes” a causa de la presencia de grupos criminales, se señala que fuerzas de seguridad del orden Municipal, Estatal y Federal minimizan la situación en el Triángulo Dorado para no atenderla.
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Según la información expuesta por un trabajador de Gobierno Federal, que decidió omitir su identidad por temor a represalias; a través del pago de Producción para el Bienestar, se han podido detectar hasta 100 familias que han sido víctimas de desplazamiento forzado en los municipios de Batopilas, Balleza, Bocoyna; Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo Morelos y Nonoava.
Este indicador, se logró detectar luego de los beneficiarios del programa agrícola, notificaran que el cobro lo realizarían en las oficinas de Bienestar en Guachochi, lo que permitió que detectaran hasta 100 productores que, al igual que sus familias, tuvieron que huir de su lugar de origen para preservar su vida.
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Adicionalmente, se pudieron detectar en los operativos de pagos de diversos programas para el Bienestar, otras 30 familias en la misma situación, quienes son originarios de Dolores y Santo Domingo principalmente, ambas comunidades de Guadalupe y Calvo, localidad más afectada por este problema.
En este sentido, se señaló que las autoridades del municipio serrano, niegan la presencia de esta situación, e incluso dicen desconocer que hay personas a las que les violentan su derecho a la vivienda.
“Las autoridades de Guadalupe y Calvo dicen que no, que no es algo de lo que ellos tengan conocimiento”, por lo que se señaló, que es una problemática que se minimiza en la zona serrana actualmente.
Se destacó que, el personal de la Secretaría de Bienestar no ha dejado de visitar las comunidades más peligrosas de todo el estado, sitios donde Servidores de la Nación deben de tener contacto con fuerzas delictivas e incluso han sido escoltados por delincuentes, quienes custodian la seguridad de los trabajadores de gobierno que visitan las partes con más riesgo en el estado.
“La problemática existe en toda región, en la mayoría de los municipios que comprenden la región se da se dan los desplazamientos”, esto según lo declarado puntualmente por la persona que brindó la información.
Comentó que, una vez que se tiene la certeza de que existen estos grupos de personas desplazadas, inmediatamente proceden a realizar los censos necesarios para saber cuántas personas son beneficiarias o derechohabientes a los diversos programas de asistencia social.
“Vemos la forma en la que se les puede ayudar… dependiendo qué es lo que ellos necesitan, porque de repente anda pensando uno por ellos y en ocasiones, ni siquiera se quieren quedar en su municipio… claro que en la mayoría de los casos quieren volver su municipio”, declaró.
Lo anterior, se tiene detectado por autoridades representantes de la federación, que se enteran de esta situación en los operativos de pago, ya que los derechohabientes o beneficiarios notifican que su cobro no lo realizarán en el sitio, acceden al monto de forma habitual.
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“Algunos de ellos están esperando a que se pacifique la región para para regresar, y sí, ciertamente nos damos cuenta en cada operativo de pago.. los compañeros pueden darse cuenta cuando la gente se va al momento que visitamos los puntos de pago”.
Las víctimas de desplazamiento, por lo general pueden acceder a los apoyos de emergencia social; la gente no está en sus casas y no tiene trabajo, por lo que solicitan los apoyos alimentarios, de cobijas y económicos.
Comentó que la mayoría de jornaleros que se desempeña en la región de Delicias, Parral y Cuauhtémoc son personas que salieron huyendo de su lugar de origen, luego de que la violencia por el crimen organizado se incrementara.
De acuerdo con lo expuesto por una persona víctima de desplazamiento, cuya identidad se pidió fuera reservada por seguridad, en Guadalupe y Calvo hay personas que sus opciones son limitadas, o se unen a las fuerzas armadas del crimen organizado, o se van de su lugar de origen.
Para quien se queda en la región, corre el riesgo de formar parte de la estadística de muertes y para quien huye, terminan renunciando a sus garantías individuales, dado que los desplazados son grupos de alta vulnerabilidad.
En lo expuesto por diversas fuentes, se coincidió que tanto autoridades, municipales, estatales y federales tienen conocimiento de esta situación; sin embargo, no se generan estrategias que frenen los desplazamientos.
Ya que, se volvió recurrente que las personas huyan cuando se detonan enfrentamientos, y vuelvan a sus hogares cuando se logran pacificar los puntos, donde se les conoce como “zonas calientes”.
Las regiones más alejadas de los municipios de la zona serrana carecen de vigilancia y presencia de fuerzas policiales, por los que se les niega una garantía individual, sumado a la ausencia de oportunidades, da como resultado una de las regiones más vulnerables en todo el país.
