/ jueves 23 de enero de 2020

Fechac utilizó donativos para solventar gastos de operación

Por estas acciones la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le retiro el estatus de Donataria Autorizada

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público “castigó” a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) al revelar auditoría externa que 31 millones 849 mil pesos donados para obra social fueron utilizados para solventar gastos operativos, esto se asienta en el apartado 16 del reporte emitido por la empresa México Global Alliance.

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Lo anterior dio como resultado la sanción a la Fundación del Empresariado Chihuahuense, de retirarle el estatus de Donataria Autorizada, lo cual la impide de recibir donativos de las empresas o cualquier otro ente.

En dicho rubro denominado “contingencias” se puede leer que el 24 de febrero de 2017 se ordenó la práctica de una visita domiciliaria a “la Fundación”, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que ésta afecta en materia del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado.

Las autoridades fiscales levantaron el acta final de la visita domiciliaria el 10 de enero de 2019, en la que consignaron hechos u omisiones que, a su juicio, pueden entrañar incumplimiento a las disposiciones fiscales.

En tanto que en materia de IVA no existió observación alguna; en materia de ISR, la autoridad consideró como remanente distribuible la cantidad superior a los 31 millones por diversas erogaciones, por estimar que se trata de gastos administrativos que exceden el 5% de los ingresos obtenidos por donativos.

Remanente distribuible, en palabras más sencillas, es la cantidad que resulte de disminuir a los ingresos todas las deducciones autorizadas del mismo año fiscal.

En su momento Fechac no compartió los hechos u omisiones señalados por la autoridad, pues estimó que las cifras no corresponden a la realidad.

Al respecto, la Fundación aportó durante la auditoría un escrito aclaratorio correspondiente, así como las pruebas que a su juicio desvirtúan los hechos u omisiones. El organismo fiscalizador dio de plazo al organismo filantrópico para responder o justificar hasta el mes de julio del año pasado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público “castigó” a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) al revelar auditoría externa que 31 millones 849 mil pesos donados para obra social fueron utilizados para solventar gastos operativos, esto se asienta en el apartado 16 del reporte emitido por la empresa México Global Alliance.

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Lo anterior dio como resultado la sanción a la Fundación del Empresariado Chihuahuense, de retirarle el estatus de Donataria Autorizada, lo cual la impide de recibir donativos de las empresas o cualquier otro ente.

En dicho rubro denominado “contingencias” se puede leer que el 24 de febrero de 2017 se ordenó la práctica de una visita domiciliaria a “la Fundación”, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que ésta afecta en materia del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado.

Las autoridades fiscales levantaron el acta final de la visita domiciliaria el 10 de enero de 2019, en la que consignaron hechos u omisiones que, a su juicio, pueden entrañar incumplimiento a las disposiciones fiscales.

En tanto que en materia de IVA no existió observación alguna; en materia de ISR, la autoridad consideró como remanente distribuible la cantidad superior a los 31 millones por diversas erogaciones, por estimar que se trata de gastos administrativos que exceden el 5% de los ingresos obtenidos por donativos.

Remanente distribuible, en palabras más sencillas, es la cantidad que resulte de disminuir a los ingresos todas las deducciones autorizadas del mismo año fiscal.

En su momento Fechac no compartió los hechos u omisiones señalados por la autoridad, pues estimó que las cifras no corresponden a la realidad.

Al respecto, la Fundación aportó durante la auditoría un escrito aclaratorio correspondiente, así como las pruebas que a su juicio desvirtúan los hechos u omisiones. El organismo fiscalizador dio de plazo al organismo filantrópico para responder o justificar hasta el mes de julio del año pasado.

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