El logotipo de Seguro Popular continúa visible en los nosocomios y clínicas que dependen de la Secretaría de Salud, el personal médico y de enfermería seguirán laborando, pero 340 empleados del área administrativa fueron despedidos a partir del 1 de enero.

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A nivel nacional se han registrado casos de faltante de medicamentos para pacientes oncológicos, pero en el estado al contar con el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), permite mayor maniobra para apoyar a los Servicios de Salud de Chihuahua, organismo que depende de las compras consolidadas a nivel federal.

Ante esta situación los chihuahuenses cuentan con el medicamento para los tratamientos oncológicos.

En el estado, los cobros que se están realizando por la atención médica, cirugías o medicamentos es a la población que al ser derechohabiente de otro sistema de seguridad social como puede ser IMSS, Issste, Sedena, Marina, Pemex, entre otros, pero deciden atenderse en los hospitales dependientes de la Secretaría de Salud y del Ichisal. A esta población no se les niega la atención, pero se les explica la situación.

Respecto a la cuenta, informaron que cuando un paciente sin servicio médico se le brinda la atención al final se les canaliza al Departamento de Servicio Social para que firme un pagaré a fin de justificar a la Función Pública lo que se gastó en ellos, es decir, la cantidad es de medicamentos, intervención quirúrgica o la atención que recibió.

Si el paciente tiene para pagar simplemente al salir líquida su cuenta.

Las atenciones que se brindan por el Insabi se agrupan en una cuenta aparte para entregarla al gobierno federal a fin de que el recurso regrese a Chihuahua.

Por el momento la desaparición del Seguro Popular no impacta a la Secretaría de Salud, primero por las reglas de operación del Seguro Popular. Cuando un paciente se atendía por Seguro Popular debía presentar su póliza donde se marcaban los cauces de cobertura, la parte administrativa y médicos registraban en el expediente de la persona el padecimiento. Las que cubría se mandaban a México con la documentación integral para que se validara en plataforma y regresara el recurso.

El reembolso del recurso tiene un atraso de 6 a 12 meses, lo que da margen de maniobra, sin embargo, si el gobierno federal no lanza las reglas de operación en este periodo de 30 días marcados desde la entrada en vigor del Insabi, se podía generar un problema serio a partir de junio cuando se requerirá la compra de medicamentos, insumos y materiales.

La portavoz de la Secretaría de Salud, Dalia Pineda, explicó que no hay una saturación en los servicios debido a que ya se brindaba atención a la población abierta.

Hay que recordar que en un tiempo se registraron muchas quejas por la retención que se hacía de los pacientes e incluso cuerpos, pero en esta administración se priorizó el respeto al Artículo 4 y se generará un mecanismo de pagaré para comprobar en la Función Pública, ya que el Estado mexicano tiene como obligación de proveer servicios de salud a su población, pero además al momento de volver a requerir el servicio se les exhorta a abonar para que se siga prestando el servicio a la población más vulnerable.

Desde el primero de enero a la fecha sólo se ha recibido registro de dos personas confundidas por el servicio, sobre todo porque renovaron sus pólizas del Seguro Popular en los últimos días de diciembre y ahora les dicen que no la necesitan.

En las instalaciones los módulos de afiliación al Seguro Popular han desaparecido, el logotipo en las fachadas continúa. Se espera que en breve sean retirados para darle paso al Insabi, toda vez que el Gobierno del Estado anunció su adhesión al esquema de salud, que busca establecer un modelo único de atención.

ADMINISTRATIVOS SIN EMPLEO

El personal médico y de enfermería, que asciende a 700 personas tienen garantizado su sueldo.

El salario de este personal se pagaba con el Anexo 4, el fondo no se pierde, sino que sólo cambia de nombre para pagarles a los trabajadores, el recurso llegó y no existe problema.

En lo que respecta al personal administrativo se informó que 340 personas se quedaron sin trabajo a partir del 1 de enero con la entrada en vigor del Insabi. Una de las propuestas de gobierno federal para estas personas es emplearlos como auxiliares de salud en las comunidades rurales, sólo falta analizar las reglas de operación y condiciones.

Lo único que subsiste es la fuente de financiamiento que antes se llamaba Anexo 4 Seguro Popular se cambia el nombre a Insabi, lo interno seguirá trabajando de manera normal hasta que se publiquen las nuevas reglas de operación.