Chihuahua fue la última entidad en tipificar el delito de feminicidio, ello de que el fenómeno catapultó a la entidad como la más violenta para las mujeres, fueron 20 años de resistencia por parte de las autoridades para reconocer la problemática y ahora la propuesta del Gobierno Federal es eliminar el delito de feminicidio del Código Penal.
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El fenómeno movilizó familias por el dolor, se conformaron organizaciones de lucha y acompañamiento, las madres se convirtieron en investigadoras y buscadoras, además cada asesinato de mujeres acaparó portadas en medios de comunicación, incluso se dictó una sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que hubiera reparación de daño y no repetición.
En septiembre de 2017, por unanimidad, el Congreso del Estado de Chihuahua reformó el Código Penal y tipificó el feminicidio como delito, exigencia que mantuvieron las organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Como adición se decretó el artículo 126 bis, el cual impone penas de 30 a 80 años de prisión y reparación integral del daño a quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
En Chihuahua se registran muchos homicidios de mujeres por razones de género que han quedado en la impunidad. Como el de Claudia Judith Urías, de 14 años; Nancy Jéssica Rueda Martínez, de 18; Rosalba Pizarro Ortega, Yesenia Barraza Quiñónez, de 15; Érika Nohemí Carrillo Enríquez, de 20; Minerva Torres Alvendaño, Roxana Álvarez García, de 18; Gabriela Serrano Loya, de 12; Diana Jazmín García Medrano, de 18 años y la lista sigue.
FEMINICIDIO COMO DELITO
La ley en Chihuahua establece que existen razones de género cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias: el hecho de que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo y que antes o después a la privación de la vida se le hayan infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana.
Además como factor a tomar en cuenta es que el homicida haya ejercido previamente violencia física, psicológica, económica, patrimonial o de cualquier otro tipo sobre la víctima; que exista denuncia o que las agresiones hayan sido conocidas por alguna autoridad.
En caso de ser un feminicidio por misoginia, si un servidor público interviniere en cualquier etapa del delito, si éste fuera cometido por dos o más individuos o en presencia de personas con quienes la víctima tuviere parentesco por consanguinidad, afinidad, civil o relaciones afectiva o sentimental, la pena de prisión se incrementará entre uno y 20 años.
También se sumarán 20 años a la sentencia (de 60 a 80) cuando la víctima sea menor de edad o adulta mayor, de alguna etnia, estuviera embarazada, sufriera discapacidad física, mental, intelectual o sensorial; se encuentre en condición especial, o bien exista o haya existido entre el victimario y la víctima parentesco por consanguinidad o afinidad, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad, laboral, docente, o que implique confianza, subordinación o superioridad.
PROPUESTA FEDERAL
La propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gerts Manero, es eliminar el delito de feminicidio del Código Penal y que sólo sea un homicidio agravado, ello a pesar de que el 2019 cerró como el año más violento para las mujeres en el último lustro.
La propuesta la realizó la semana pasada ante la Cámara de Diputados, donde uno de los argumentos que utilizó para defender su punto es lo difícil que es probar un feminicidio, por lo que consideró que es mejor considerar a las muertes violentas de mujeres como homicidio agravado por razones de género.
Las legisladoras federales se han pronunciado en contra de dicha propuesta, aseguran que estarán en contra de cualquier reforma que vulnere los derechos de las mujeres.
Hay que resaltar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), ha dado a conocer su informe de 2019 sobre la violencia contra la mujer.
La violencia contra la mujer creció un 2.5% en el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a 2018, con un total de 74 mil 632 víctimas de feminicidio, homicidio, secuestro, extorsión, lesiones dolosas, trata de personas y tráfico de menores.
A nivel local, Ficosec documentó 117 homicidios en el mes de enero, de los cuales 13 son mujeres, de estas víctimas 11 se registraron en Ciudad Juárez, ninguno tipificado como feminicidio.
