Denuncian robo y lesiones indígenas de Guadalupe y Calvo

Represalias, amenazas, robos y lesiones, son algunas de las situaciones que han tenido que enfrentar los integrantes de las comunidades ódami asentadas en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde los mestizos les han robado el ganado, cercado las tierras agropastoriles y cortado el abasto de agua.

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Ante ello, los integrantes de la comunidad solicitaron una audiencia pública con las autoridades gubernamentales de los 3 niveles, a fin de que atiendan las graves violaciones a los derechos humanos que enfrentan desde hace 3 años.

Los daños a su integridad física y a su patrimonio han impedido a las comunidades acceder a sus bienes naturales y realizar diversas actividades productivas, lo cual ha afectado su salud, economía y bienestar.

Este fin de semana se realizó la audiencia en el rancho Cordón de la Cruz, en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde se contó con representantes del mismo rancho, Tepozán, Mesa Colorada de comunidades ódami, se sumaron los indígenas rarámuri de Tuáripa y los habitantes mestizos del rancho El Susepe, todos víctimas de la violencia, ya denunciada pero no atendida por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la organización Alianza Sierra Madre, desde hace 3 años, las comunidades ódami enfrentan una crisis humanitaria, se ha intentado despojarlos de sus tierras y del territorio en el que realizan actividades agropastoriles, les han robado el ganado, les han cercado sus comunidades y en el caso de Mesa Colorada les han cortado el abasto de agua.

Las comunidades indígenas afectadas han habitado estos territorios de manera ancestral, sin embargo, los señores Aurelio y Cornelio Alderete Arciniega, mestizos de Baborigame, se asumen como dueños de las tierras desde que presentaron una solicitud de enajenación de terrenos nacionales a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Con este pretexto, los mestizos ejercen violencia hacia las comunidades indígenas, hechos que han sido denunciados en la Fiscalía del Estado de Chihuahua, sin embargo, esta búsqueda de justicia ha implicado diversas represalias.

Las comunidades indígenas que han sido víctimas de los señores Alderete Arciniega, denunciaron con mucha valentía las graves violaciones a sus derechos humanos.

En la audiencia estuvo presente uno de los involucrados en la violencia ejercida contra las comunidades, Cornelio Alderete Arciniega, quien trató de justificar sus acciones, sin embargo, el representante de la Sedatu le aclaró que no es dueño de las tierras en donde viven las comunidades, que solamente está en trámite la solicitud de terrenos nacionales y que el dictamen correspondiente lo emitirá la Sedatu en máximo 3 meses.

Carlos Grado Castillejos, subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Sedatu, señaló que este dictamen se hará alineado conforme a los derechos de los pueblos indígenas, es decir, aun y cuando hubiese alguna fracción de terrenos nacionales, les corresponde titularse a las comunidades indígenas que los tienen en posesión.

A esta audiencia acudieron representantes del Registro Agrario Nacional; Mtra. Ivonne Contreras Peinado, representante regional de la Secretaría de Bienestar; Carlos Grado Castillejos, subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Sedatu; un representante del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI); Lilia Ivonne Maldonado Nieves, fiscal de la Zona Sur, Fiscalía General del Estado (FGE); María Teresa Guerrero Olivares, titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) y Irma Villanueva Nájera, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua (Ceave).

Se espera que los funcionarios resuelvan conforme a los derechos de los pueblos indígenas contenidos en la legislación nacional y convenios y tratados internacionales, como reconocer el derecho de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan. El artículo 14 del Convenio 169 establece que: “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.